* La Comisión de Examen Previo emitió un dictamen en el cual considera que no hay elementos para iniciar ese procedimiento a la alcaldesa de Apango, el cual fue aprobado por mayoría
Fernando Hernández
La Comisión de Examen Previo del Congreso del Estado emitió un dictamen a modo para declarar improcedente la solicitud de juicio político contra la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, que interpusieron el síndico Benito Sánchez Ayala y los regidores Edelmira del Moral, María del Rosario López y Humberto Palacio Celino. El dictamen fue votado de manera favorable por la mayoría de los diputados que asistieron a la sesión.
En la sesión de este jueves se sometió a discusión del pleno el dictamen que emitió la comisión que encabeza el priista, Saúl Beltrán Orozco.
El punto principal de dicho dictamen declara improcedente la solicitud de juicio político porque en lo que va de su administración la alcaldesa no ha incurrido en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero.
Por su parte, la integrante de la Comisión de Examen Previo, María del Carmen Cabrera, indicó que ella votó el dictamen en contra y en el pleno ratificó el sentido de votó.
Argumentó que “el dictamen no ofrece certeza jurídica, es inconsistente y sus conclusiones no derivan de un análisis de fondo, a adecua la ley a los actos denunciados”.
Señaló que la comisión pudo haber solicitado datos al Registro Civil a fin de conocer si en verdad en la alcaldía están contratados familiares de la presidenta municipal que tienen un parentesco hasta en un cuarto grado.
“No puedo votar en favor de un dictamen con tal grado de inconsistencias, pero tampoco puedo indicar que haya una presunción de culpabilidad. Este dictamen tiene que regresar a la comisión”, precisó.
Por su parte, la coordinadora de los diputados del PRD, Erika Alcaraz Sosa, dijo que de fondo el dictamen que emitió la comisión es una defensa a ultranza de presuntos actos de corrupción que se han cometido en perjuicio de los ciudadanos de ese municipio de la región Centro.
Entonces cuestionó el por qué se está tratando de evitar que el caso llegue a la Comisión Instructora y ya iniciado el juicio político se comprueben las irregularidades denunciadas por los ediles.
El PRD no está de acuerdo a que se limite de esta manera el derecho de los ciudadanos a ejercer su facultad de solicitar un juicio político y tener posibilidad de presentar pruebas para su valoración, indicó.
Agregó que la Auditoría General del Estado se negó a presentar a la comisión expedientes de obra, así como la nómina de ayuntamiento, como fue solicitado.
En su momento, el líder de la bancada de MC, Ricardo Mejía Berdeja, retomó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) en la que se señala que desde el inicio de la administración de Felícitas Muñiz, el síndico Benito Sánchez y el exalcalde Crisóforo Nava han desplegado una estrategia de acoso en contra de la alcaldes y junto con habitantes de la localidad han incurrido en actos de vandalismo.
“Valiéndose de actos violentos” han incurrido en acciones encaminadas a evitar que la presidenta municipal pueda ejercer su cargo, lo que constituye un acto que vulnera los derechos políticos de Felícitas Muñiz y que limita el derecho a permanecer en su cargo.
Mencionó que los presuntos actos de corrupción que le imputan a la alcaldesa los regidores y el síndico, no son elementos para iniciar un juicio político, por ser en algún sentido competencia de la AGE.
En la tribuna, el legislador perredista Sebastián de la Rosa Peláez expresó que el voto de algunos de los diputados en favor del dictamen será por una presión de sus fracciones parlamentarias, y no por su propio criterio.
Entonces reclamó que la Comisión de Examen Previo en ningún momento se refiere a la denuncia de que hay familiares de la alcaldesa que cobran sin trabajar en la administración.
Abundó que quienes voten en favor del dictamen y forman parte de la bancada del PRI, sin duda le están quedando mal al gobernador Héctor Astudillo Flores, quien en su informe ante el Congreso del Estado había hecho un llamado a cerrar filas contra la corrupción.
El presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón, refirió que el Congreso no puede ser un instrumento para desatar una cacería de brujas, “lo que se necesita es poner todas las voluntades para no transgredir la Ley”.