Alrededor de 200 trabajadores de la Secretaría de Salud de Guerrero (SSG) marcharon esta tarde por las principales calles de Chilpancingo para exigir justicia y un proceso legal imparcial para los médicos César Manuel Espinoza Suástegui y Julio César Valladares Baranda, quienes fueron detenidos y vinculados a proceso dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.
La movilización comenzó poco antes de las 3:30 de la tarde y partió desde las oficinas de la Secretaría de Salud, sobre la avenida Ruffo Figueroa.
Posteriormente, el contingente recorrió la avenida Lázaro Cárdenas hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde los manifestantes realizaron un pequeño mitin.
Con pancartas en mano y lanzando consignas, los trabajadores expresaron su respaldo a ambos especialistas, a quienes calificaron como médicos con una trayectoria profesional reconocida y comprometidos con el servicio público.
Durante la protesta, Marcela Valladares Baranda, hermana del médico forense Julio César Valladares Baranda, aseguró que el gremio médico se siente vulnerado por las detenciones y consideró que las acusaciones en contra de los especialistas carecen de pruebas suficientes.
Explicó que su hermano fue detenido el pasado 23 de junio y trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México, por lo que pidió la intervención de las autoridades para garantizar que el proceso judicial se desarrolle con apego a derecho.
Por su parte, Osiris Ramírez, esposa del médico César Manuel Espinoza Suástegui, afirmó que su detención fue una injusticia, ya que el especialista cuenta con más de 20 años de servicio en el sector salud y sin ningún problema laboral.
Por lo que, reclamó que las investigaciones buscan sustentar una nueva línea sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los médicos César Manuel Espinoza Suástegui y Julio César Valladares Baranda y otras dos personas más fueron detenidos en Iguala durante un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.
Posteriormente, un juez federal resolvió vincular a proceso a los cuatro detenidos como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras el proceso judicial continúa.