El Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala demandaron a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez una audiencia para saber los avances en la investigación de la desaparición de sus hijos y denunciaron que los están criminalizando.
Este viernes los integrantes del Comité ofrecieron una conferencia en la Ciudad de México, en donde dieron a conocer el escrito que han entregado en la Secretaría de Gobernación.
En el escrito pide que la FGR de avances en las líneas de investigaciones del caso “desde el 2024 las líneas de investigación que traía el gobierno fueron abandonadas y no se han vuelto a retomar y tampoco se explica si se explorarán otras”.
Recordaron que la hipótesis que sus hijos fueron quemados en el basurero de Cocula fue descartada en el sexenio pasado, y que se trató de un “montaje construido desde altas esferas del gobierno para encubrir a los responsables y ocultar el paradero de los estudiantes desaparecidos”.
Indicaron que en la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) “trabajaron en nuevas líneas de investigación, logrando reunir varias pruebas que establecían que los estudiantes fueron detenidos por diversos cuerpos de seguridad y células del grupo delictivo Guerreros Unidos que operaba en Iguala con la complicidad de las instituciones del estado, probablemente privados de la vida y sus restos arrojados en diversos sitios en las afueras de Iguala. Se realizaron varias búsquedas, pero solo en un sitio se encontraron varios restos. Después de los análisis darían positivo para los estudiantes Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Joshivani Guerrero De La Cruz. Con base en estos datos de prueba varias personas del grupo delictivo y servidores públicos están detenidos”.
Que de ahí se desprende que información del caso la tiene el Ejército “dentro de los documentos existen algunos denominados CERFIS que consisten en interceptación de comunicaciones que el Ejército realizó el día de los hechos y que contienen información de lo que estaba ocurriendo con los estudiantes en Iguala, particularmente algunos archivos describen con nitidez que por lo menos 17 estudiantes se encontraban en los separos de barandilla de la policía municipal de Iguala y que estaban siendo trasladados a un lugar denominado la Brecha de los Lobos por policías y miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos. Otros 18 documentos CERFIS fueron identificados por el entonces ex subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración Alejandro Encinar Rodríguez y 15 por el actual Subsecretario Arturo Medina Padilla”
Señalaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “ofreció avanzar y que se usaría la inteligencia y tecnología, prescindiendo de los testigos directos cuyos atestes a menudo eran falibles; algunos responsables han sido detenidos, pero han omitido informarnos si las líneas de investigación que se impulsaban se han abandonado o se continúa ya que el uso de la tecnología y la inteligencia son instrumentos a utilizar en la investigación, no constituyen líneas que nos lleven al conocimiento de lo que pasó con nuestros hijos”.
Dijeron que coinciden con la presidenta “que los testigos son datos de pruebas falibles, por ello proponemos construir como línea de investigación: a) Barandilla municipal lugar al que fueron llevados nuestros hijos y su posible traslado un diverso sitio según los documentos CERFIS del día 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014 y b) La Colonia Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan sitios al que probablemente habrían sido llevados por lo menos 11 de nuestros hijos, según información contenida en los 33 documentos CERFIS ya identificados y en poder de la Covaj”.
Propusieron integrar una comisión de trabajo donde participen “cinco madres y padres de los 43 con 4 de sus asesores jurídicos, la CoVAJ y la UEILCA para analizar de manera exhaustiva los 33 folios CERFIS a fin de extraer datos relevantes que puedan ser diligenciados por el Ministerio Público y se integren datos de prueba para una posible judicialización de ser el caso”.
De la Secretaría de Relaciones Exteriores, le piden que insista en la extradición de varios exservidores públicos prófugos de la justicia como Tomás Zeron de Lucio y José Ulises Bernabé”, solicitamos particularmente que en el diálogo bilateral con altas autoridades Estados Unidos la extradición tanto de José Ulises Bernabé como Tomás Zeron sean central y no solo se privilegie la agenda económica y migratoria”.
Reiteraron su petición de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de asistencia técnica “que pueda sugerir líneas de investigación y de búsqueda. Considerando que las investigaciones que realizaron en años pasados fue fundamental para desmontar la mal llamada verdad histórica y delinear nuevas rutas de investigación fortaleciendo la indagatoria”.
A Rosa Icela Rodríguez le demandaron “la no criminalización y represión de nuestro movimiento que tiene demandas legítimas por la vida de nuestros hijos; desde los primeros días nuestro movimiento ha sido criminalizado, las madres y padres de familia, así como los estudiantes hemos sido objeto de criminalización, se nos acusa de vándalos y violentos, particularmente ahora se nos señala que somos de la ultraderecha”.
Puntualizaron que “nuestras formas de lucha reflejan el pensamiento de la Normal Rural de Ayotzinapa que por décadas ha sido reprimida al grado que a la fecha cuenta con 11 estudiantes asesinados y 43 desaparecidos, crímenes que no han sido investigados y los servidores públicos responsables están en la impunidad”.
En ese sentido, demandaron “que ni los padres de los 43 ni los estudiantes se les abran investigaciones penales por las recientes protestas ya que en nuestras demandas son legítimas, luchamos por preservar la vida de nuestros hijos y queremos verdad y justicia”, añadieron. (Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL)