La oficina del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) descartó que haya “imposición de ingenieros, empresas constructoras o prestadores de servicios técnicos en la ejecución de obras del programa de Caminos Artesanales en la Montaña de Guerrero”.
Lo anterior, luego que se difundiera una carta sin que nadie asumiera su contenido en donde aseveran que desde el INPI se estaban “imponiendo” material de construcción, empresas y servicios de ingenieros.
En el comunicado emitido por el encargado de la oficina del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero señaló que los recursos asignados a este programa “son transferidos de manera directa a las comunidades a través de sus autoridades comunitarias, para su administración y ejercicio conforme a las decisiones adoptadas por la Asamblea Comunitaria, máxima instancia de deliberación y toma de decisiones colectivas”.
El funcionario federal sostuvo que en esas Asambleas Comunitarias “se determinan los mecanismos de ejecución de las obras privilegiando la mano de obra local, eligiendo a los Comités de Caminos, quienes son responsables de coadyuvar en su desarrollo; ahí se rinden cuentas a la propia Asamblea sobre la aplicación de los recursos, el avance físico y financiero de las obras y el cumplimiento de los acuerdos comunitarios, en observancia de los principios de transparencia, participación comunitaria, autonomía y responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos”.
Vázquez Quintero aseveró que les “corresponde exclusivamente a las comunidades indígenas y afromexicanas beneficiarias, a través de sus Autoridades Comunitarias y de los Comités de Caminos constituidos para tal efecto, la búsqueda de cotizaciones, la evaluación de opciones y la definición de los proveedores de bienes y servicios requeridos para la ejecución de las obras, incluyendo el arrendamiento de maquinaria y la adquisición de materiales”.
Manuel Vázquez subrayó que “ninguna persona servidora pública del INPI o de la SICT cuenta con atribuciones para imponer, condicionar o determinar la contratación de personas físicas o morales específicas para la ejecución de los caminos artesanales, arrendamiento de maquinaria o adquisición de materiales”. Hizo un llamado a las autoridades comunitarias que tienen asignados recursos para la construcción de caminos artesanales que sí tienen conocimiento de alguna irregularidad “que sean presentados a través de los mecanismos institucionales y legales correspondientes, a fin de que pueda ser atendido con objetividad, imparcialidad, transparencia y estricto apego al marco jurídico vigente” y determinar si se cometió alguna irregularidad.