El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, Isidoro Vicario Aguilar advirtió que el Estado pretende cerrar la línea de investigación hacia las responsabilidades que tuvo el Ejército en esta grave violación a los derechos humanos “están apostándole al olvido y al cansancio de los padres, pero no lo van a lograr”.
Este lunes iniciaron las actividades de la jornada de lucha que han convocado el Comité de madres y padres, la cual va a concluir el domingo próximo con una marcha estatal en Iguala.
En las instalaciones del comedor estudiantil de Ayotzinapa se realizó la primera actividad de esta jornada de lucha, el Foro: Ayotzinapa 12 años de lucha por los 43.
En el foro los papas de dos muchachos desaparecidos, Hilda Legideño y Margarito Guerrero señalaron que han sido “12 años que hemos caminado y gracias al acompañamiento hemos llegado a este momento, mientras no haya respuesta del paradero de nuestros hijos seguiremos caminando, no quisiéramos seguir caminando, pero las autoridades inventan sus verdades históricas y nos hacen mucho daño, vamos a continuar en esta lucha”.
Un integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, denunció que “hay una indiferencia de las autoridades a la pena que tienen las madres y padres de los 43, quienes siguen con la convicción que van a encontrar a sus hijos y se hará justicia, que esta lucha social no vea un fin próximo y sigamos luchando para que no haya más desaparecidos, que no haya más asesinados en México y en Guerrero”.
En el acto, Isidoro Vicario Aguilar criticó que se cumplan 12 años “sin tener información del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa” y que en estos 12 años hayan fallecido 8 padres de familia.
Recordó a don Francisco Rodríguez Morales falleció el pasado 21 de agosto “es un doble pesar porque en 2018 la compañera Francisca Minerva Bello, esposa de Francisco perdió la vida; a 12 años de los hechos es el dolor que siguen cargando los padres, no solo el desprecio de las autoridades”.
El abogado de los padres se quejó que este año, “lejos de seguir avanzando en el caso, de tener nuevas líneas de investigación, hemos visto que el Estado está tratando de cerrar algunas líneas que para los padres es de suma importancia”.
Resaltó que una de esas líneas de investigación apunta al Ejército, “esa línea se está pretendiendo cerrar, el 9 de julio la CNDH emitió un informe lamentable en su fondo y no se ve al Ejército y la Marina como autoridades responsables y en el cuerpo de la recomendación lo que viene es a proteger al Ejército, el Estado pretende cerrar esta línea de investigación y para los padres es importante que se mantenga esa línea”.
Vicario Aguilar indicó que en febrero pasado un juzgado federal ordenó al Ejército entregar 853 folios de información del caso “y no lo ha hecho, por eso lamentamos que se pretenda cerrar esa línea del Ejército apostándole al olvido y al cansancio de los padres cuyo único interés es saber la verdad y el paradero de los 43, no hay ningún otro fondo”.
Dijo que el tema de la desaparición forzada “no es un caso menor en México, es el reflejo de una violación grave las desapariciones forzadas en México, a 12 años no podemos regresar a la teoría que los 43 normalistas tuvieron un destino final en el basurero de Cocula”.
En el Foro, Alan García Campos de la oficina del alto comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos, señaló que “la demanda de las familias de que haya verdad y justicia está intocada, cuando las familias falten los estudiantes estarán presentes para exigir justicia y verdad”.
La representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Sofía de Robina dijo que El Comité “movieron fibras profundas de madres y padres que salieron a las calles también a buscar a sus desaparecidos, nos han enseñado que juntos deben de sostener el estandarte de la búsqueda de justicia”.
La activista social, Alicia de los Ríos Merino narró su experiencia como hija de una guerrillera que fue desaparecida y presuntamente víctima de un “vuelo de la muerte” junto con otros 9 guerrilleros desde la Base Aérea de Pie de la Cuesta en Acapulco, cuando un avión militar los trasladó y los lanzó al mar.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández lamentó que a 12 años de esta desaparición forzada “y el gobierno no escucha, hay 6 informes del GIEI y no los han leído, han descalificado su trabajo”.
Criticó que Andrés Manuel López Obrador se haya comprometido con los padres “y al cuarto año de su gobierno reculó, echó reversa, no quiso que se avanzara cuando se dijo que la responsabilidad era del Estado, cuando había cosas truculentas en la relación del Ejército y un grupo criminal”.
Añadió que es “preocupante” que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo haya dicho este lunes que el informe que se dará no estarán basados en “libros ficticios, porque se quiere excluir de responsabilidad al Ejército”.