La defensa legal del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, acusaron al juez Emanuel Reyna Vélez de actuar bajo consigna para reactivar una carpeta de investigación con el objetivo de encarcelar al líder del CIPOG-EZ, asegurando que el expediente carece de sustento jurídico.
En conferencia de prensa, los abogados Aarón Díaz y Javier Rodríguez, acompañados por Aurea Oropeza Calderón, esposa de Jesús Plácido y Abel Barrera, dirigente de “Tlachinollan”, afirmaron que la causa penal fue retomada de manera irregular, por lo que, indicaron que interpondrán un recurso de apelación ante la Sala Penal para buscar la revocación de la resolución judicial.
Durante su intervención, la esposa de Plácido Galindo, relató que la detención ocurrió cuando ambos viajaban de San Marcos hacia Acapulco por la carretera Pinotepa Nacional.
Aseguró que su esposo había sido convocado a una reunión por el subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros.
Señaló que, al llegar al retén instalado a la altura de San Marcos, observaron un fuerte despliegue de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y Ejército Mexicano, únicamente interceptaron el vehículo en el que viajaban, por lo que consideró que el operativo estaba dirigido específicamente contra su esposo.
Por su parte, los abogados explicaron que la investigación en contra del líder indígena corresponde al homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo, ex comisario de Xicotlán, ocurrido el 30 de octubre de 2021.
Sin embargo, sostuvieron que el expediente permaneció sin avances durante varios años y fue reactivado apenas el pasado 3 de junio, a partir de una entrevista rendida por la hija de la víctima ante el Ministerio Público.
La defensa cuestionó la credibilidad de esa declaración al señalar que, pese a que la mujer presuntamente presenció los hechos, no denunció el crimen de manera inmediata, sino varios años después, lo que, afirmaron, genera inconsistencias en la investigación.
Asimismo, señalaron que otro de los testimonios considerados en la carpeta corresponde a Marcos Campos Ahuejote, quien también habría sido testigo del homicidio, pero falleció en 2022, por lo que calificaron como irregular la reactivación de su declaración.
Finalmente, la defensa y representantes de Tlachinollan denunciaron que el proceso penal forma parte de una persecución política contra integrantes y dirigentes del CIPOG-EZ, particularmente en la región de la Montaña baja de Guerrero.