Alexis Blancas
Habitantes del ejido Guajes de Ayala, ubicado en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, cumplieron este fin de semana 15 días bajo un presunto cerco impuesto por integrantes del grupo delictivo conocido como “La Familia Michoacana”, evidenciando la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales.
El presidente del ejido, Javier Hernández Peñaloza, informó que desde el pasado 14 de junio, hombres armados instalaron campamentos en distintos puntos estratégicos que comunican las regiones de Tierra Caliente y Costa Grande, lo que mantiene incomunicadas y en constante alerta a varias comunidades.
De acuerdo con el representante ejidal, durante el primer día del sitio los presuntos integrantes del grupo criminal realizaron disparos desde las partes altas de los cerros y utilizaron drones para lanzar artefactos explosivos cerca de las comunidades. Aunque no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas, los hechos provocaron temor entre la población.
Ante ello, las comunidades de El Pescado, Los Órganos, El Saibal, La Sierrita, Los Gachupines y La Saiba María permanecen bajo vigilancia permanente por parte de los habitantes.
Según Hernández Peñaloza, mediante drones han detectado campamentos de los civiles armados en los parajes conocidos como Pizotla y Mesas del Guayabo, desde donde, aseguró, esperan la oportunidad para ingresar a las localidades.
El dirigente ejidal señaló que ha solicitado apoyo al Gobierno de Guerrero, pero afirmó que el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, ha negado la situación, mientras que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha emitido un posicionamiento público sobre el tema.
Asimismo, indicó que también pidieron la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional (GN), sin embargo, aseguró que hasta el momento ninguna corporación ha atendido el llamado.
También denunció que, los accesos que conectan al ejido con la cabecera municipal de Coyuca de Catalán fueron bloqueados con maquinaria pesada, lo que ha impedido el ingreso de víveres y dificulta el acceso de las fuerzas de seguridad.
Hernández Peñaloza advirtió que la mayor preocupación es la seguridad de alrededor de 600 habitantes, entre ellos aproximadamente 200 adultos mayores, niñas y niños, quienes permanecen expuestos ante un posible ataque. Pese a la situación, sostuvo que los civiles armados que resguardan el ejido continuarán defendiendo su territorio y los recursos forestales hasta que las autoridades intervengan para restablecer las condiciones de seguridad en la zona.