En la última década, en Guerrero se han registrado 55 asesinatos contra integrantes de la comunidad LGBTIQ+, y cinco casos más en lo que va de este año, informaron el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (Onco-LGBTI) y el Colectivo Orgullo Guerrero, en el marco del Mes del Orgullo.
Ambas organizaciones señalaron que en 2023 solo se documentó un asesinato, pero en el primer semestre de 2024 ya suman cinco crímenes de odio. El Onco, encargado de registrar asesinatos, desapariciones y agresiones contra la diversidad sexual, detalló que tres casos ocurrieron en la Costa Chica —Marquelia, Azoyú y Cuajinicuilapa—, uno en Chilpancingo y otro en Leonardo Bravo (Chichihualco), ahora parte de la región Sierra.
Aclararon que los registros se basan en notas periodísticas y se clasifican como asesinatos de personas LGBTIQ+, sin catalogarlos formalmente como crímenes de odio, pues esa determinación corresponde a las autoridades.
El objetivo, explicaron, es visibilizar la violencia que enfrenta la “comunidad incluyente” en Guerrero. Casos como el del activista José Alberto Gálvez Morales, funcionario municipal de Marquelia asesinado en marzo y hallado en el crucero de La Cuchilla, en Juchitán, permanecen impunes.
También se documentó el asesinato de David Vélez Solache, barbero originario de Leonardo Bravo, cuyo cuerpo fue localizado junto a otras víctimas dentro de un vehículo abandonado en el bulevar Vicente Guerrero, en Chilpancingo.
El registro más reciente incluye el caso de Sael Silva Cisneros, joven activista afromexicano de San Nicolás, Costa Chica, licenciado en Derecho por la UAGro y colaborador del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN.
Las organizaciones destacaron que la mayoría de las víctimas son jóvenes y mujeres trans. A pesar de que entre ellas hay funcionarios locales y federales vinculados a la defensa de grupos vulnerables, denunciaron que no existe respuesta institucional ni avances en investigaciones.
Recordaron que la FGR cuenta con protocolos para investigar estos delitos con perspectiva de género y enfoque en prejuicio del agresor, pero “no se han visto resultados ni acceso a la justicia”.
Aunque reconocieron la creación en Guerrero de la Unidad Especializada para Delitos contra Personas LGBTIQ+, señalaron que no han sido convocadas para participar en su operación.
En este Mes del Orgullo, exigieron alto a las violencias por prejuicio, la erradicación de la discriminación física y verbal, y el fin de narrativas que culpan a las víctimas: “Se sigue diciendo que ‘ellos se lo buscaron’, en lugar de cuestionar a la autoridad”.