Alexis Blancas
La reubicación de al menos 171 familias desplazadas desde el 2018 de comunidades del municipio de Leonardo Bravo continúa sin avances, denunció este lunes el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.
La titular del organismo, Teodomira Rosales Sierra, acompañada de las familias afectados, se manifestaron al exterior del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, para exigir una reunión con las autoridades estatales con el objetivo de una respuesta definitiva a su situación.
Rosales Sierra reprochó que, a siete años del desplazamiento masivo provocado por un grupo del crimen organizado, las autoridades continúan sin voluntad para garantizar la reubicación ni brindar una atención integral a las víctimas.
Detalló que la mayoría de las familias siguen viviendo en condiciones precarias, sin acceso a vivienda, salud o educación.
Aunado a esto, algunos de ellos padecen enfermedades y depresión y los niños, que han tenido que dejar sus estudios.
La activista recordó que en el año 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno del Estado para reparar el daño y garantizar la reubicación de las familias, pero hasta la fecha no se ha cumplido.
Por su parte, las familias desplazadas advirtieron que mantendrán sus protestas hasta que el Gobierno estatal asuma su responsabilidad y dé solución definitiva a su situación.