Michel Vargas
ACAPULCO. —La controversia entre el Ayuntamiento de Acapulco y la Auditoría Superior del Estado de Guerrero ha generado inquietud entre los profesionales de la contaduría pública.
De acuerdo al presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, Samuel Nazario Santiago, expresó su postura sobre la negativa del gobierno municipal a entregar documentación requerida por el órgano fiscalizador estatal, calificando dicha actitud como incorrecta y contraria a los principios de transparencia.
Nazario Santiago explicó que, conforme a la normativa vigente, la Auditoría Superior del Estado tiene plena facultad para solicitar y recibir información financiera del Ayuntamiento, incluso cuando se trate de recursos federales.
Esto es posible gracias a convenios de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, los cuales le permiten revisar fondos como el Fondo III (para obras y acciones) y el Fondo IV (destinado a seguridad pública), que Acapulco recibe regularmente.
El contador comentó que el argumento de la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, de no entregar la documentación hasta que la Auditoría Superior de la Federación lo requiera directamente, carece de sustento técnico.
“Lo que debe de hacer es entregar la documentación, qué es lo que pasa si la auditoría superior de la Federación revisara los mismos conceptos de que está revisando y que está solicitando la auditoría superior del Estado, pues no puede ser alguien juzgado dos veces por el mismo caso”, dijo.
Afirmó que si el órgano estatal ya inició una revisión, el Ayuntamiento está obligado a colaborar, evitando duplicidad de auditorías por los mismos conceptos.
Además explicó que todas las entidades públicas están sujetas a la rendición de cuentas, tal como lo establecen la Ley de Transparencia, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En ese sentido, recalcó que la presidenta municipal debe entregar la documentación hasta que la Auditoría Superior del Estado esté conforme, de acuerdo con las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
Advirtió que el incumplimiento en la entrega de información puede derivar en sanciones graves para los funcionarios responsables, incluidas multas, sanciones económicas o incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por periodos de hasta 15 años.
Nazario Santiago no descartó que la falta de transparencia municipal obedezca a una mala asesoría del equipo cercano a la alcaldesa. Sin embargo, fue enfático al señalar que no existe justificación válida para negarse a colaborar con el ente fiscalizador estatal, reiterando que el cumplimiento de las obligaciones legales es esencial para evitar consecuencias mayores en la administración pública.