En la sierra del municipio de Atoyac, una red de tala ilegal arrasa sin freno con los bosques de niebla y selvas de pino y encino. Grupos criminales, identificados por pobladores como “los de San Luis”, compran árboles a los ejidatarios bajo amenaza, pagándoles apenas una fracción del valor comercial de la madera.
Los camiones troceros cruzan de noche y madrugada por la cabecera municipal, cargados con hasta 26 metros cúbicos de madera cada uno. En menos de 24 horas, se han contado hasta 15 camiones, lo que implica la tala de aproximadamente 300 árboles. La actividad se concentra entre noviembre y junio, periodo seco, con una estimación de hasta 21 mil árboles talados por temporada, generando ganancias millonarias para el crimen organizado.
A pesar de las denuncias y testimonios de ejidatarios, como Juan, que han sido obligados a vender 60 pinos, las autoridades locales y estatales reconocen el problema pero admiten su falta de capacidad para enfrentarlo. La Semarnat y la Comisión Nacional Forestal afirman que el fenómeno se extiende a 15 municipios de Guerrero, pero no cuentan con datos precisos sobre el volumen de tala ni con personal suficiente para contenerlo. Solo cinco inspectores de Profepa están asignados a todo el estado.
Funcionarios, como el regidor de Ecología de Atoyac, han optado por el silencio ante lo que muchos califican como un ecocidio a plena luz del día. Mientras tanto, aserraderos como “Los Coyotes” continúan operando sin supervisión clara, y los permisos de aprovechamiento forestal se gestionan incluso en zonas bajo control criminal.
El ejido de El Porvenir es uno de los pocos que han logrado resistir, gracias a su estatus como Área de Conservación Voluntaria y al acceso a apoyos federales. Sin embargo, esta resistencia es cada vez más difícil frente a una red de complicidades que incluye a comisariados, fuerzas de seguridad y hasta dependencias encargadas de proteger los recursos naturales.