Alexis Blancas
Dos viudas de ex trabajadores del gobierno estatal se manifestaron este jueves en las escalinatas del Palacio de Gobierno para exigir el pago de los seguros de vida que por ley les corresponden tras el fallecimiento de sus esposos.
Una de las manifestantes, viuda de un policía estatal, quien murió hace cinco años mientras estaba en servicio, denunció que desde el día del deceso inició los trámites para acceder al seguro de vida, pero hasta el momento no ha recibido respuesta concreta.
Declaró que desde hace cinco años únicamente le han hecho dar vueltas y firmar documentos para prometerle supuestas fechas de pago, pero al final no se cumplen.
Señaló que hace apenas unos días, en una reunión con representantes de la Secretaría de Finanzas, le dijeron que el pago se realizaría el pasado 20 de noviembre, pero una vez más solo quedó en una promesa.
La afectada informó que no es la única en esta situación, pues hay otras viudas que muchas de ellas viven fuera de Chilpancingo y no pueden estar viajando constantemente a la capital para dar seguimiento a los trámites o bien por temor no se manifiestan.
La afectada comentó que fue atendida por un representante del gobierno estatal, quien le dio una nueva fecha de pago, la cual será el próximo martes.
Aunque dijo desconocer el monto total que le pagarán, le dijeron que este sería depositado en cuatro exhibiciones, puesto que, según ellos, no hay recurso suficiente para pagarlo en una sola.
En la misma protesta, otra mujer cuyo esposo trabajaba para la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADEG) y falleció en junio de 2019 de un infarto, explicó que su esposo dejó dos hijos pequeños y que ella ha enfrentado incluso hostigamiento laboral por exigir este derecho.
Indicó que desde el fallecimiento de su esposo se las ha visto duras, pues sus hijos son pequeños y además tienen una prescripción médica que hace que se enfermen constantemente, por lo que en ocasiones ha tenido que trasladarse sola en la noche a buscar algún pediatra y que en promedio le sale en más de dos mil pesos, ya incluyendo los medicamentos.
Reveló que ella también es trabajadora del gobierno del estado y en ocasiones ha llegado a tener represalias por querer manifestarse y exigir este derecho que le corresponde.
La afectada comentó que incluso ha tenido que buscar un segundo trabajo para solventar sus gastos y los de sus dos pequeños.