MÉXICO. —Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra, podría tener que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una suma cercana a los 35 mil millones de pesos, un monto que coincide con la inversión necesaria para reconstruir Acapulco y Coyuca de Benítez después del paso del huracán Otis.
El conflicto legal se centra en una disputa sobre el uso de pérdidas fiscales acumuladas por Grupo Elektra, que aplicó bajo el régimen de consolidación fiscal, una estrategia permitida antes de 2013 para disminuir su carga impositiva. Este esquema permitía a las empresas compensar pérdidas de ciertos ejercicios fiscales con ganancias de otros periodos para reducir el pago de impuestos.
La deuda inicial, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2013, era de 18 mil 455 millones de pesos. Sin embargo, con el paso del tiempo y sumando recargos y ajustes, el monto ha alcanzado los 35 mil millones.
Grupo Elektra ha librado una prolongada batalla legal en los tribunales, enfrentando múltiples derrotas. Tras perder un amparo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la empresa intentó revertir la decisión, pero nuevamente fue desfavorecida en segunda instancia. Actualmente, la compañía ha solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en busca de un fallo que anule o reduzca la deuda.
El caso ha generado polémica, con Grupo Salinas denunciando presiones políticas y cuestionando la imparcialidad de algunos magistrados. La compañía ha insinuado que las decisiones judiciales podrían estar influenciadas por la postura del gobierno federal, agregando una dimensión política al conflicto.