Jesús Saavedra
A dos años de la creación de la Comisión de la Verdad de Violaciones Graves de Derechos Humanos 1965 a 1990, familiares de desaparecidos y víctimas de la ‘guerra sucia’ afirmaron que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay voluntad de someter a la justicia a elementos del Ejército cuando se involucra en crímenes de lesa humanidad, lo cual condenaron.
Este sábado se cumplieron dos años de la creación de esa Comisión a través de un decreto que firmó el presidente López Obrador y cuya vigencia concluye el último día del mes de septiembre del 2024, por lo que familiares de desaparecidos y víctimas de la ‘guerra sucia’hicieron una evaluación negativa de los resultados de su actuación.
El dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda Ramírez, dijo que como víctimas de la “guerra sucia se abrió esperanza con la creación de esta Comisión para encontrar a más de 600 desaparecidos en Guerrero”.
Explicó que esperaban “que se hiciera justicia y se castigara a miles de víctimas de la guerra sucia, sin embargo, después de dos años no hay resultados concretos”, porque “queda menos de un año para que se haga justicia y no se va a hacer”.
Arturo Miranda aseveró que “hay personas interesadas en que se siga encubriendo, en razón que está de por medio la participación del Ejército, estos crímenes de lesa humanidad”, y consideró “lamentable que este decreto se ve obstaculizado cuando se trata de hurgar más a fondo del origen y de los responsables directos de esos crímenes”.
Señaló que “ningún militar que ha participado en estos crímenes se puede justificar en que recibieron órdenes, no solo es responsable el Ejército, también los gobiernos en los que se han cometido estos graves crímenes”.
Por su parte, Angélica Ramírez Hernández señaló que hay más de un centenar de militares que participaron activamente en la llamada “‘guerra sucia’ y que participaron en desapariciones forzadas, en tortura, en detenciones arbitrarias, y ninguno ha sido llamado a declarar. La esperanza de justicia se ha diluido, no tenemos esperanza que en este gobierno se vaya a saber en dónde están nuestros familiares desaparecidos”, reprochó.
“El caso es que se sigue protegiendo al Ejército, el Estado mantiene su discurso de que actuaron por órdenes de un mando civil, pero cometieron graves excesos en contra de un pueblo indefenso y rebasa cualquier tipo de justificación que hagan las autoridades”, añadió.
Octaviano Gervasio Serrano, Vladimir Cabañas Gómez y Andrés Hernández Rojas denunciaron que el equipo jurídico que acompañaba a esta Comisión renunció y tampoco saben los alcances de su labor. “Nosotros rechazamos cualquier informe que vaya a preparar su informe final”, porque “hay una estrategia de proteger a militares criminales en esta administración que continua en esa protección”, agregaron.