MAREMÁGNUM. Por Ricardo Castillo Barrientos
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa ha despertado muchas interrogantes e hipótesis sobre el desarrollo de la fatídica noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, en calles y avenidas de la ciudad de Iguala.
En el propósito de esclarecer los hechos han confluido los expertos argentinos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAC) y la Unidad Especial de Investigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR. Nunca se había conocido en América Latina y el mundo que se hayan constituidos sendos organismos especiales para crímenes de lesa humanidad; ni los criminales de la segunda guerra mundial que fueron juzgados en los tribunales de Nuremberg.
En el caso que nos ocupa ha surgido bastante información sobre origen y trayectoria de los sucesos. En el gobierno del presidente López Obrador se dieron avances de trascendencia con nuevos elementos, que no habían sido aportados en investigaciones en el régimen anterior, sobre el paradero de los estudiantes.
Lo relevante del Segundo Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, a cargo del Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, es reveló que la famosa “Verdad Histórica”, se fraguó en la Residencia Oficial de Los Pinos, y no en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de la ciudad de Iguala.
El 27 de enero de 2015, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hoy presidiario dio a conocer la “Verdad Histórica”, que se sustentaba en la incineración de los cuerpos de los normalistas, sin mostrar evidencias fehacientes que acrediten que así haya sucedido, salvo algunos restos óseos localizados en el río San Juan, municipio de Cocula.
En el reciente informe del subsecretario Alejandro Encinas y en entrevistas periodísticas, dejó en claro que en Los Pinos, se construyó la “Verdad Histórica”, lugar donde estuvieron presentes el expresidente Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, Salvador Cienfuegos, titular de la SEDENA, Vidal Francisco Soberón Sáenz, secretario de la Marina, el ex procurador Jesús Murillo Karam, Aurelio Nuño, ex jefe de la Oficina de la Presidencia, Eugenio Imaz Gispert, ex director del CISEN, y el prófugo Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la PGR.
El subsecretario Encinas, en entrevistas periodísticas aclaró que en las reuniones del 7 y 8 de octubre en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, solo se trataron asuntos relativos a la localización de los jóvenes desaparecidos y de los responsables de los hechos.
El subprocurador Encinas, se refirió a la asistencia del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y de Omar García Harfuch, y otros funcionarios de los gobiernos federal y estatal, participantes en estas reuniones que abordaron temas de actividades operativas de información y búsqueda.
El presidente López Obrador, en unas de sus recientes conferencias mañaneras, argumentó que por esas reuniones no se podría juzgar ni al ex gobernador Aguirre Rivero, ni a García Harfuch, porque sus actividades eran competentes a sus responsabilidades.
Con esta posición el presidente López Obrador, exonera de toda responsabilidad al ex gobernador Ángel Aguirre y a García Harfuch. La DEA, en ninguno de los mensajes intervenidos por ese organismo norteamericano, los involucra como responsables de los sucesos.