El exprocurador de Justicia de Guerrero durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Iñaki Blanco Cabrera, negó que durante su gestión se haya obstaculizado el acceso a la verdad en el caso, como señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“La aparente manipulación y ocultamiento de material probatorio relativo del C4 es absolutamente falso”, señaló el abogado al referirse al informe presentado por Ángela Buitrago y Carlos Beristain el martes pasado en la Ciudad de México.

Aseguró que el GIEI también “miente” en los señalamientos relativos a cómo se consiguieron los datos de la participación de los elementos bélicos (brazo armado de Guerreros Unidos) y su detención posteriora la desaparición de los 43 jóvenes.

“Fue la Fiscalía quien logró determinar la identidad de la totalidad de este grupo de reacción inmediata, incluso destacó que de los 22 detenidos, 12 eran bélicos”, señaló.

Consideró que los señalamientos sobre el caso “deben valorarse de manera integral y profunda” y recalcó que en septiembre de 2014 se logró rescatar a 68 jóvenes, se detuvo a mandos de la policía municipal y a integrantes de Guerreros Unidos.

Blanco Cabrera aseguró que el informe presentado el martes pasado pretende desprestigiar a su persona, como exfuncionario que encabezó las primeras indagatorias de Ayotzinapa.

El martes, al dar a conocer el sexto informe sobre el caso, el GIEI informó que abandonará definitivamente México ante una constante opacidad por parte del Ejército para esclarecer el caso los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el informe señala que autoridades de todos los niveles estuvieron implicadas en la tortura y desaparición de los normalistas que fueron secuestrados por el grupo criminal Guerreros Unidos el 26 de septiembre de 2014.

El GIEI confirmó el protagonismo de elementos del Ejército esa noche, entre ellas el control de las comunicaciones tanto de los miembros del grupo delictivo como de las víctimas. 

Señaló que otras corporaciones como la Marina también fueron señaladas de perpetrar torturas que abonaron a la llamada ‘verdad histórica’ del caso Ayotzinapa.