Por: Fernando Hinterholzer Diestel
Uno de los saldos más cruentos que se han alcanzado durante esta administración, es lo relativo al número creciente de ataques y de asesinatos contra defensores de derechos humanos y periodistas. Indudablemente nos encontramos en la etapa de mayor violencia en contra de la libertad de expresión en nuestra historia reciente. Que de manera muy lamentable, esta realidad se empata con el agresivo discurso presidencial que todos los días se realiza desde el pulpito mañanero en contra de la prensa libre mexicana, y aunque no hay un vínculo directo entre esa circunstancia y la violencia armada y homicida contra periodistas y defensoras de derechos humanos, en nada ayuda a edificar condiciones de protección y defensa de la vida e integridad de periodistas y, en general, de la libertad de expresión y de prensa, como fundamentos de la democracia. México es el segundo país más peligroso para ejercer la profesión del periodismo. Según diversas organizaciones a nivel regional, durante el 2023, en México han sido asesinados 8 periodistas y desde el año 2000 suman más de160. Durante sus conferencias “mañaneras”, el presidente López Obrador ha denostado a cientos de periodistas. La descalificación a “la mayoría de los medios de comunicación” resulta muy grave, pero lo es mucho más cuando las críticas, van dirigidas a periodistas en particular, mencionando su nombre y apellido, como lo ha hecho recurrentemente en el caso de Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, por mencionar solo a algunos.
La libertad de expresión se fundamenta encuentra primigeniamente en el diálogo público. “El uso público de la razón es lo único que permite, por un lado, verificar que nuestro pensamiento es correcto o consistente y, por el otro, defender ideales, principios, visiones de mundo y país en aras de construir consensos en medio de la pluralidad y la diversidad, y conviviendo en el respeto de la diferencia”, de acuerdo a lo escrito por el filósofo alemán E Kant. Ciertamente lasideas son “a prueba de balas” y por eso resulta siempre que “no se mata la verdad” matando a quienes la muestran y la defienden. Pero los periodistas y defensores de DH no lo son y permitir que los sicarios del crimen organizado, crean que gozarán de impunidad, constituye “una grave omisión del Estado”, porque al proteger a la prensa, sobre todo la que le es más crítica, también se defiende a sí mismo y garantiza una de las condiciones elementales del Estado social de derecho. La desaparición y asesinato de Luis Martín Sánchez, corresponsal de la Jornada en Nayarit, se añade a la larga e indignante lista de periodistas que han sido masacrados, la gran partede ellos realizado por miembros del crimen organizado. En algunoscasos se ha logrado detener a los criminales, pero una de las situaciones más oscuras en nuestro país es que no sabemos la causa de los crímenes y, menos aún, de quiénes son los autores intelectuales de los crímenes. Los agravios se acumulan y se incrementan. Un ejemplo de ello, es el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, que sigue impune después de más de 7 meses de haberse realizado, ante el cual el propio Presidente de la República ha comentado, una estúpida hipótesis del “autoatentado”.
La censura pública que ha impuesto el crimen organizado controlando cada vez más franjas territoriales continúa avanzando en otros estratos y uno de ellos se encuentra, en el ámbito de la libertad de expresión. Es evidente que tratan de causar miedo; de callar a las voces críticas y a la mayor cantidad de espacios que pueden denunciar sus fechorías y que pueden ejercer crítica en contra de los gobiernos que les son aliados, protectores.
Mientras la atención del Ejecutivo se centra en temas electorales anticipados, la mirada internacional apunta hacia otra realidad. LaOficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado, una vez más, su grave preocupación por la indefensión de los periodistas en México y el reiterado y sistemático ataque a esos profesionales que se hace desde Palacio Nacional en “las mañaneras”. Se han condenado los asesinatos del periodista Nelson Matus Peña, en Acapulco, y del defensor de derechos humanos Ulises Nava Juárez, en Aguascalientes. “Además, se han pedido que se implementen medidas de protección que permitan poner fin a la violencia contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión a través del periodismo”. Pero nada harán, ya que la agenda gobiernista, los temas de interés en Palacio Nacional seguirán siendo los relativos a 2024. En un país con los índices de muertes de periodistas como el que desafortunadamente tiene México, la responsabilidad de altos funcionarios gubernamentales, y especialmente del Presidente de la República, es mayúscula, pues sus dichos pueden influir en sus seguidores, quienes pueden realizar actos violentos o atentados contra la seguridad e incluso la vida de las personas periodistas señaladas como “enemigas del pueblo”. ES CUANTO
ADENDDUM: desde el 2018, López Obrador ya no es la víctima, es el victimario desde el poder; y si con tal de conservar ese poder el presidente está dispuesto a “hacer lo que se tenga que hacer”, y eso incluye la generación de violencia desde el gobierno para desconocer un resultado adverso a Morena en 2024, entonces se confirmaría el retroceso democrático y el surgimiento de una dictadura en México. Todo eso realizaría si, el fantasma de la violencia desde el gobierno, terminan por hacerlo realidad.