POR: RAÚL SALGADO LEYVA
En sorprendente e inédito acontecimiento el pasado día 8 de mayo la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del plan B Electoral aprobado el pasado día 6 de diciembre por la Cámara de Diputados.
Esta polémica reforma de carácter electoral fue impulsada por el Ejecutivo Federal y aprobada sin discusión, vía fast track, por mayoría simple, por el Congreso de la Unión.
Sin entrar al fondo en el análisis y a la discusión de la citada primera parte del plan “B” que comprenden las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas; es decir, a la esencia de su contenido, únicamente fue apreciado el desaseo en el procedimiento legislativo y la violación del mismo, razón suficiente para su rechazo y consecuente desaprobación.
Las irregularidades que viciaron el procedimiento legislativo que dieron motivo a la invalidación fueron sustentados y expuestos por diversos ministros y ministras, dentro de los que destacan:
· “No se utilizaron procedimientos administrativos adecuados y mucho menos se dio la discusión democrática”.
· “De que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de la iniciativa y tiempo para analizarlas”.
· “De que todos los grupos parlamentarios pudiesen haber debatido en condiciones de igualdad y libertad”.
· “Que se observó deslealtad institucional y desdén a las minorías parlamentarias”.
· “Que se violentaron los principios de deliberación democrática”.
· “Que no existió deliberación real y de fondo y de que francamente era imposible que los Legisladores se hubiesen allegado información y elementos para el análisis”.
En observancia al cumplimiento y en acatamiento a su deber constitucional la Suprema Corte de Justicia actuó en consecuencia y juzgó de entrada que se violentaron los procedimientos legislativos; en síntesis, se pretendía alterar las reglas del juego con el fin de dar pauta a modificar los procesos electorales del 2024.
La postura de los nueve ministros que votaron a favor del rechazo a la primera parte del Plan B les mereció un sinnúmero de descalificaciones y ataques que han pretendido deslegitimar y desacreditar la función del máximo Tribunal de Justicia del país, con el consecuente deterioro de las instituciones.
Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia fue el antecedente de lo que ocurriría con la segunda parte del Plan B y lo será seguramente, además, de todo aquello que se depare sobre las impugnaciones a las cerca de dos decenas de iniciativas de Ley aprobadas en las mismas condiciones legislativas, con los mismos vicios e irregularidades, aquel “viernes negro” del pasado 29 de abril.
El contrapeso de la Suprema Corte de Justicia ha resultado al final el único sostenimiento Institucional de la vida democrática del país. La imprudente insolencia de legislar aprisa, sin la observancia metodológica, ignorando a las minorías legislativas, del rechazo a todo principio de diálogo y búsqueda de acuerdos y a la negativa de proceder con civilidad política, han sido procedimientos reiterados y de arbitrarias posiciones de excesos de poder que han conducido al desorden y a la indisciplina.
Desde las altas esferas se ha anunciado sin recato alguno y siguiendo la inalterada inercia de la imposición, la aplicación del Plan “C” que consistiría en influir, a través de todos los mecanismos que da el poder, para lograr que en 2024 se obtengan resultados que favorezcan el dominio de mayorías calificadas en los Congresos federales para que desde esas posiciones se dé rienda suelta a los irrefrenables ánimos de arbitrarias e innecesarias modificaciones a la Constitución de la República.
En las últimas semanas el Supremo Tribunal de Justicia del país ha sido objeto de temerarias descalificaciones, de señalamientos vejatorios que han venido lastimando a la Institución y a la misma dignidad humana, emprendiendo una campaña implacable e injusta en contra de todo el aparato judicial.
La pretensión amenazante de desaparecer los Tribunales de Justicia constituidas por hombres y mujeres de sólido prestigio profesional, de meritorio esfuerzo en su capacidad académica y de reconocida solvencia moral, para pretender que ahora sean elegidos en urnas, pareciera aberrante y atentatorio a todo principio de Ética Social. Los contrapesos Institucionales son y deben ser parte de nuestra vida democrática.
Calificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como promotora de un golpe de Estado técnico es oprobioso y no sólo deshonra al país en el contexto mundialsino que nos coloca en la evidencia de ser un pueblo incivilizado.
El aparato de justicia está conformado por hombres y mujeres que, como seres humanos, tienen virtudes y defectos. Y hay que reconocer que en su delicado desempeño algunos distorsionan sus conductas y envilecen a las instituciones.
Así como los privilegios y canonjías debe ser sancionados y corregidos con ejemplar rigor, como mecanismos y medidas de salud pública, así también se debe dignificar a las instituciones, para engrandecerlas, pero de ninguna manera aniquilarlas.
El respeto a la Constitución debe ser principio y fin del buen destino de los mexicanos.