• Busca cercenar capacidades de organización al Instituto Nacional Electoral, señalan legisladores del PRD y del PRI; no satanizar la reforma, piden los morenistas

Gilberto Guzmán

Diputados locales del PRI y del PRD señalaron que el Plan B de la reforma electoral aprobada por legisladores de Morena busca cercenar al Instituto Nacional Electoral (INE) para que el gobierno federal coloque consejeros electorales a modo y tener el control de la elección presidencial del 2024.

En respuesta, diputados de Morena dijeron que 8 de cada 10 mexicanos opina que el INE debe ser reestructurado y que las opiniones de la oposición sobre la reforma buscan confundir a la ciudadanía.

Fue el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez quien en la sesión de este miércoles participó con el tema “La fragilidad de la reforma electoral federal avizora una restauración del orden constitucional”, indicando que las recientes reformas en enmarcadas en el Plan B y aprobadas por el Congreso de la Unión, son frágiles y carecen de los elementos indispensables para su debida aprobación, pues no cumplieron con su trámite legislativo, al no ser turnadas a comisiones para su estudio y dictaminación. 

Agregó el legislador que estas reformas podrían ser declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia porque, dijo, transgreden los derechos de las personas e interfieren en el desarrollo de los procesos electorales, trastocando el diseño electoral que actualmente opera.

Dijo que cada vez hay mayor polémica sobre la reforma electoral publicada el pasado 2 de marzo, entre quienes la defienden y quienes la rechazan.

Por un lado, el grupo oficial encabezado por el presidente López Obrador, “el cual se ha empeñado en señalar que la reforma es lo mejor, lo que conviene a nuestro país porque acaba con los privilegios de la burocracia dorada del INE”.

Por otro lado, el grupo que busca un contrapeso, al que se han sumado representantes de partidos políticos de oposición, así como voces sin partido que defienden al INE de los ataques constantes del Ejecutivo federal, y que se ha manifestado en las calles contra la reforma electoral del presidente.

El perredista destacó la relevancia del tema porque interfiere con los procesos electorales, y advirtió que el diseño electoral que opera actualmente incluye la participación de autoridades electorales y partidos políticos, pero se ve trastocado por la reforma electoral.

Mencionó que desde el inicio se observó que la iniciativa del presidente carecía de elementos indispensables para aprobarse, además de que nunca hubo consenso entre las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, y al no lograr la aprobación por indicaciones del presidente se presentó el Plan B.

“Pero vemos una fragilidad en dicha reforma electoral, primero porque al ser una reforma al vapor, presentada de un día para otro, no pasó por el análisis al no ser turnada a comisiones para su estudio y dictaminación, violentando el proceso legislativo, una reforma que contiene demasiadas inconsistencias e introduce una regresión al pasado como el hecho de que ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores le valida al INE la información sobre los mexicanos residentes en el extranjero, lo que significa un golpe a la independencia del árbitro electoral”, indicó.

Además, dijo que la reforma es frágil porque trasgrede derechos de personas y eso la vuelve vulnerable y no pasará el filtro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguramente la declarará inconstitucional.

Un ejemplo, expuso, fue la reincorporación del secretario ejecutivo del INE a su cargo, ordenada por autoridades judiciales, después de que con la aplicación del Plan B había sido cesado, lo que evidencia la fragilidad de la reforma electoral del presidente.

Agregó que es muy probable que en semanas próximas la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de todo el decreto de la reforma o una parte de esta, y que incluso los ministros ni siquiera entren al estudio de los artículos controvertidos, y que por vicios en el procedimiento legislativo puedan determinar la inconstitucionalidad de las reformas.

“Por ello, desde esta tribuna esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haga caso a las presiones que seguramente vendrán sobre este tema de parte del Ejecutivo, y haga valer su función de máximo tribunal constitucional”.

Enseguida, la diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez, expuso que el INE tiene una gran razón de ser, al lograr la alternancia de gobierno en favor de distintos partidos políticos en México.

Agregó que desde su nacimiento este instituto ha sufrido una serie de reformas que lo han fortalecido en su autonomía, profesionalización y el respeto al sufragio efectivo, que permitieron no repetir un fraude electoral como el que se registró en 1988. 

Añadió que el Plan B es inconstitucional porque pone en duda la credibilidad, legitimidad y certeza del proceso electoral más importante de todos los tiempos, y no garantiza la celebración de elecciones libres e imparciales, como lo mandata la ciudadanía y la Constitución, sino elecciones a modo.

“Esta manipulación jurídica busca despedazar al INE, la reforma constitucional quería destruirlo y el Plan B lo quiere cercenar; hay que decirlo con todas sus letras, el partido en el poder quiere quitar el 85 por ciento de los empleados, consejeros con 15 años de experiencia y con un servicio profesional de carrera, y poner perfiles a modo que no cumplen con los más mínimos requisitos; quieren quitar a los consejeros electorales buscando consejeros a modo, que respondan a los intereses del oficialismo”, advirtió la priista.

Agregó que “con esta reforma del Plan B se pretende que 20 consejeros salgan por votación directa del Senado, 20 consejeros por la Cámara de Diputados y 30 funcionarios desde el poder Ejecutivo federal, para que los consejeros sean a modo y poder controlar desde Gobernación, como en los años setenta la elección”.

La diputada Leticia Castro Ortiz (Morena) dijo que la reforma electoral no debe ser “satanizada”, pues contiene aspectos muy importantes, uno de ellos las acciones afirmativas que dan garantías y abren espacios a grupos que antes no habían sido escuchados, como los pueblos originarios, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes y las juventudes. 

Añadió que es importante que se establezca una reestructuración y una nueva conformación del sistema electoral, que dé certeza y seguridad legal a los comicios de cada tres y seis años en México.

La diputada María Flores Maldonado (Morena), recordó que el INE ha sufrido reformas con anterioridad, lo que hace incongruente la consigna de que “el INE no se toca”. 

Añadió que el llamado Plan B contempla reformas a leyes secundarias para garantizar el voto de personas en prisión preventiva, con discapacidad, en estado de postración, y mexicanas y mexicanos radicados en el extranjero.

También, que quienes busquen la reelección deben separarse del cargo; se pone a la vanguardia la justicia electoral y se elimina el PREP, para iniciarse de manera inmediata con el cómputo de las elecciones, además de que se reduce burocracia, lo cual lo cual no es afectar los derechos ciudadanos, sino ahorrar recursos.

El diputado Antonio Helguera Jiménez (Morena) consideró importante abordar el asunto porque hay mucha confusión entre la población, especialmente por los datos erróneos que les brinda la oposición. 

Aseveró que de ninguna manera esta reforma se hizo al vapor, pues tuvo el suficiente tiempo para ser analizada, además de que se realizó un parlamento abierto. 

Por último, dijo que el Plan B es generoso y noble, pues pretende democratizar y equilibrar el presupuesto que maneja el INE.

También de Morena, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel manifestó su completo desacuerdo con la liquidación del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, la que calificó como muy alta, cuando en México hay personas que viven en una pobreza extrema. 

Externó que hay personas que pueden estar en ese instituto para defender los intereses de los que menos tienen, pero no son los actuales consejeros, quienes cobran cantidades tan estratosféricas como inmorales.

En su oportunidad, el diputado Jacinto González Varona (Morena) afirmó que los señalamientos de la oposición contra la reforma electoral son “infundados” y tienen el objetivo de confundir a la población.

Consideró que anteriormente el INE sí tenía una esencia ciudadana, pero sobre la marcha desvirtuó su objetivo, hecho por el cual 8 de cada 10 mexicanos consideran que el órgano electoral se debe reestructurar y colocarlo al lado del pueblo. 

Agregó que actualmente existe libertad de manifestación, al grado de que quienes se oponen a la reforma han podido expresarse libremente y sin represalias. 

Finalmente, dijo que es equivocado señalar que ya no habrá capacitadores o funcionarios de casillas, y por el contrario, lo que se pretende es eficientar el recurso público y eliminar los costosos salarios de los altos funcionarios electorales.