Gilberto Guzmán
El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de Ley del Sistema de Registro de Panteones, Crematorios y Servicios Funerarios del Estado de Guerrero, para que se regule el establecimiento, funcionamiento y prestación de este servicio público, en cualquiera de sus modalidades.
Al exponer su propuesta, el diputado señaló que actualmente el uso de panteones es un servicio público otorgado por los gobiernos municipales, y su funcionamiento, conservación y vigilancia están previsto en sus respectivos reglamentos, así como los actos de inhumación, exhumación, reinhumación, cremación de cadáveres, de restos humanos, esqueletos y traslados.
“Aunque se trató de garantizar que los ayuntamientos ofrecieran un lugar digno para que la población enterrara a sus difuntos, queda claro que la realidad refleja un panorama totalmente diferente, por lo cual es necesario legislar en esta materia y poner cuidado especial a dichos servicios que resultan ser un negocio muy redituable y ventajoso para los prestadores”, abundó.
Subrayó que actualmente no existe certeza jurídica en este tema para los usuarios o consumidores, por la falta de una ley que le indique atribuciones específicas en la materia al gobierno del estado o los ayuntamientos, y sobre todo a los concesionarios, obligándolos a registrarse en este sistema y enterar el contenido de sus contratos y prácticas comerciales.
La iniciativa tiene también por objeto llevar un registro respecto al establecimiento y funcionamiento del servicio público de panteones, tanto civiles como concesionados, incluyendo los crematorios. Para ello, se contempla crear el Sistema de Registro de Panteones, Crematorios y Servicios Funerarios, que concentrará la información relacionada a la recuperación de fosas, criptas, gavetas y nichos en estado de abandono; de las personas trabajadoras y encargadas de panteones en cualquiera de sus modalidades; así como del alojamiento de restos humanos, restos humanos áridos y cremados, así como de los servicios funerarios.
Esta propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
