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jueves, 8 diciembre , 2022

“Intromisiones” ponen en riesgo la justicia en el Caso Ayotzinapa: CIDH

Representantes de la CIDH presentaron el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa. (Foto: API)

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  • Representantes de ese organismo internacional advirtieron que en las últimas semanas se han presentado “preocupantes desafíos que ponen en riesgo la obtención de justicia” por la desaparición de 43 normalistas
  • Pidieron al presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia, Alejandro Encinas Rodríguez, que no presente “conclusiones anticipadas” porque hay víctimas y familiares 

Jesús Saavedra

AYOTZINAPA.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al gobierno de México que las “recientes intromisiones” en las investigaciones por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre del 2014, “ponen en riesgo la obtención de justicia” en ese caso de desaparición forzada.

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Este martes, en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, representantes de la CIDH presentaron el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (Mesaa), que es una instancia que se creó a partir de 2014.

Los funcionarios de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, Esmeralda Arosamena de Trotiño, María Claudia Pulido, Fiorella Messi y Tania Rennó acudieron este martes a las instalaciones de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ para entregar el tercer informe del Mesaa, en un encuentro a puerta cerrada con los padres de los normalistas desaparecidos y representantes de organizaciones que los acompañan.

Posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa en la cancha techada de esta normal, en la que explicaron que tras la desaparición de los normalistas, la CIDH decretó la medida cautelar 409/14 mediante la cual se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mesaa.

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Los directivos de la CIDH hicieron un reconocimiento al comité de madres y padres de los normalistas desaparecidos, por no desistir en su exigencia de que haya “verdad justicia y castigo a los responsables de esos hechos”.

Mantilla Falcón explicó que su visita a Ayotzinapa era para dar a conocer el tercer informe del Messa y recordó que la desaparición forzada de personas no es un delito que prescribe, y “cruza más allá de un gobierno y de sus responsabilidades”.

La relatora en México de la CIDH, Esmeralda Arosamena, señaló que el informe debe ser “una guía, una orientación, una hoja de ruta para empujar a la verdad y la justicia”.

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Expresó que la CIDH considera que en las últimas semanas se han presentado “preocupantes desafíos que ponen en riesgo la obtención de justicia en el caso” y advirtió que tienen especial atención en la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (Ueilca) que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), a la que Omar Gómez Trejo renunció junto con todo su equipo hace poco más de un mes.

Indicó que la Ueilca y su titular estaban avanzando en las indagatorias del caso, pero cuando se presentó el informe preliminar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), en agosto pasado, se aceleraron situaciones jurídicas que precipitaron resultados en las indagatorias.

Añadió que a raíz de eso y por la decisión de la FGR se decidió actuar penalmente contra el exprocurador, Jesús Murillo Karam, sin tomar en cuenta a la Ueilca, y menos en la decisión de no proceder penalmente en contra de 26 personas más, provocó la renuncia de Gómez Trejo y su equipo, lo que para la CIDH “constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que todo órgano fiscal debe tener y que puede afectar la continuidad del caso, sus investigaciones y resultados”.

Los representantes de la CIDH pidieron al gobierno federal y en especial al presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, que no presente “conclusiones anticipadas” en un caso en el que hay víctimas y familiares.

Consideraron que hay “hay avances significativos en la dinámica de la investigación” de la desaparición de los 43 estudiantes y que por ello “se deben de identificar pruebas, posibles responsables y liberación de órdenes de aprehensión”.

Subrayaron que “el contexto de criminalidad en Guerrero y el conflicto latente entre grupos ilegales que se dedican al trasiego de drogas, en convivencia con autoridades estatales, en ese contexto desaparecieron los 43 normalistas en Iguala y continúa, es un asunto que debe atenderse”.

Señalaron que en el gobierno de Enrique Peña Nieto “se tuvo la capacidad de explicar con veracidad el destino de los estudiantes y los agentes estatales que lideraron investigaciones, (pero) tomaron decisión de encubrimiento y evasión de responsabilidades en todos los niveles”.

Además, hicieron un llamado a las fuerzas armadas de México para que den cumplimiento a la instrucción presidencial de entregar la “información de inteligencia militar, como responsabilidad institucional,para favorecer todas les medidas procesales para la norma penal competente y la simplificación de la jurisdicción”.

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