• Miembros del Funpeg y de la CRAC acompañaron a los padres de los estudiantes desaparecidos en la marcha realizada en Chilpancingo para exigir justicia, a 8 años un mes de lo ocurrido en Iguala
  • Reclama Vidulfo Rosales que el Ejército lo ubique como un criminal, mientras los militares “se asocian con el crimen organizado” 

Jesús Saavedra

Unas 500 personas integrantes de organizaciones sociales, campesinas, de la policía comunitaria, del magisterio disidente, sindicatos, normalistas y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en septiembre del 2014, marcharon en Chilpancingo para exigir un “alto a la criminalización” del activismo social y de los defensores de los derechos humanos en Guerrero.

Este miércoles se congregaron en el parque ‘Margarita Maza de Juárez’ en la avenida Insurgentes, cerca del Mercado Central de Chilpancingo, estudiantes de la Normal Preescolar ‘Adolfo Viguri’, del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg), quienes mantienen un paro estudiantil desde el lunes de la semana pasada, y acudieron integrantes del Centro ‘Morelos’, el Frente Popular de la Montaña (FPM) y el Colectivo de Desaparecidos de la Montaña “Luciérnaga”.

También llegaron miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), del Colectivo de Familiares de Desaparecidos ‘Lupita Rodríguez’, que se sumaron a los normalistas de Ayotzinapa y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, y marcharon hacia el sur de la ciudad.

En la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del monumento a Las Banderas, se les unió un contingente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que marcharon de sus oficinas a este lugar, y bloquearon el carril sur-norte hacia el centro de la capital.

La marcha se convocó en solidaridad con los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, Abel Barrera Hernández, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Teliz García, además del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, a quienes el Ejército vincula con actividades delictivas en Acapulco.

Y es que luego que el grupo Guacamaya hackeó el sistema informático de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtraron a los medios de comunicación miles de documentos clasificados del Ejército, entre los cuales hay informes de inteligencia militar que vinculan a Rosales Sierra con el CECOP, organización dedicada al cobro de cuotas, extorsiones y secuestros. En ese informe de inteligencia del Ejército también se involucra a Barrera Hernández, Teliz García y Suástegui Muñoz.

En el antimonumento a los 43, los manifestantes hicieron un pase de lista de los normalistas desaparecidos en Iguala y continuaron su marcha hacia la sede del Poder Ejecutivo, en donde realizaron un mitin.

En ese acto leyeron un comunicado avalado por representantes de todas las organizaciones que participaron en la marcha, en el quedenunciaron que el Ejército persigue y espía a los defensores de los derechos humanos.

“Condenamos que el Ejército criminalice la lucha social y que ubique a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en la criminalidad”, precisa el documento.

Señalaron que “el movimiento social y los defensores de derechos humanos es la columna vertebral de los avances democráticos; es criminal que el Ejército los hostigue y los criminaliza, y sea omiso con los grupos criminales que asesina impunemente. Para las fuerzas armadas el enemigo es la gente humilde que se organiza y se defiende”.

Doña Joaquina, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, agradeció la solidaridad para seguir exigiendo que haya “verdad y justicia” en el caso Ayotzinapa. “Un mes más en las calles y no nos vamos a cansar de seguir exigiendo justicia”, reprochó.

Vidulfo Rosales Sierra indicó que la exigencia de la presentación con vida de los 43 ha atravesado momentos difíciles como la pandemia del Covid-19, el hostigamiento de las autoridades y las descalificaciones públicas, pero “gracias a los movimientos sociales, Guerrero es uno de los más combativos que han logrado avances democráticos”.

Señaló que el gobierno que se dice de “izquierda llenaron de policías la Autopista del Sol, organizaron a transportistas para golpear a la CETEG en su manifestación, de recibir instrucciones del Ejército para ubicarnos como el enemigo principal; figuramos en la lista de los más peligrosos en el país y ahora resulta que quienes hemos luchado,somos la amenaza y los militares se asocian con el crimen organizado”.

Dijo que salieron a las calles a denunciar “esta persecución al movimiento social, pero también como un primer esfuerzo para la unidad del movimiento social en Guerrero, No nos detendrán las amenazas, la persecución, la lucha seguirá adelante, porque las causas del pueblo así nos los exigen”.

En el mitin, el dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, denunció que hubo una “falsa elección” de la dirigencia del SNTE en Guerrero, “eligieron a un Comité espurio, que hoy se quieren legitimar; llevaron papeletas marcadas y eligieron a un dirigente espurio, la base no permitió que tomara protesta y demostramos que podemos hacerle frente al gobierno federal” y un grupo de maestros disidentes quemó unas papeletas que se utilizaron en la elección del martes pasado.

Torres Solano expresó su solidaridad a los padres de los normalistas asesinados, y consideró que con los defensores de derechos humanos, las organizaciones sociales, “debemos luchar juntos como un solo puño, demostramos que hay un descontento social y por eso nos manifestamos todos los días”.