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miércoles, 10 agosto , 2022

Juez federal les concedió amparo, informan trabajadores de la DPG

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Jesús Saavedra

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Trabajadores de la Defensoría Pública del Estado de Guerrero dieron a conocer que un juez federal les concedió un amparo ante la posibilidad de vulnerar sus derechos laborales, por un convenio de colaboración y transferencia del poder Ejecutivo al Judicial desde el 2014 y que a la fecha no se ha cumplido plenamente.

Este sábado Alma Edith Díaz Chávez, Hilda Méndez Hernández, Lidia Gatica Sánchez, Juana Rosas Asunción, Pedro Vargas Villalobos, José Fuentes Urbano, Blanca Anyu Morales, Maribel Ramírez Ramos, José Farías de la Cruz, María de la Paz Aguilar Cortés, Dalila Zeferino Peralta, Arturo Vélez Morales, Erika Gules Aparicio, Israel Ruiz Guzmán y María Flores Sotelo ofrecieron una conferencia para informar que un juez federal les concedió un amparo.

Acompañados de su abogado, Rubén Cayetano García explicaron que son un centenar de trabajadores de la Defensoría Pública, pero que solo ellos tramitaron este amparo ante lo que consideraron es una injusticia laboral.

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Informaron que en el 2014, se reformó la Constitución Política de Guerrero a través del Decreto 482 y que en marzo del 2016 el gobierno del estado firmó un convenio de colaboración y transferencia con el Tribunal Superior de Justicia para que este centenar de trabajadores pasaran a la tutela y administración del poder Judicial y no de la Secretaría de Gobierno de donde a la fecha siguen dependiendo.

Denunciaron que en ese convenio no se les tomó en cuenta, a pesar que en la reforma establece que como trabajadores “pueden ser indemnizados a partir de las nuevas disposiciones reformadas. A pesar de la celebración del convenio antes mencionado, los poderes e instituciones que los suscribieron jamás lo ejecutaron, habiendo transcurrido a la fecha seis años, tres meses y ocho días a la fecha”.

Explicaron que ahora pretenden ejecutar ese convenio, “se nos pretende indemnizar, sin que constitucionalmente se nos haya transferido”.

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Indicaron que se encuentran “en una injusta incertidumbre y el temor de ser despedidos por la incorrecta interpretación y aplicación de un artículo transitorio que no nos concierne; nos hemos visto en la imperante necesidad de promover un juicio de amparo indirecto, el cual se encuentra radicado y en trámite en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el número 635/2022, en el que se nos ha concedido la suspensión provisional y también la suspensión definitiva, de todos los actos que hemos demandado, por lo que, en este momento nos encontramos bajo la tutela de un Juez Federal para evitar que se nos vulneren nuestros derechos como defensores públicos por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial”.

Lamentaron que en “este nuevo gobierno de Guerrero que prometió ser justo y diferente, le dé continuidad a tales atropellos, porque no sabemos porque razón nos sigue pagando la Secretaría General de Gobierno a más de ocho años de las reformas constitucionales”.

Agregaron que en este juicio de amparo va incluida como autoridad demandada el Congreso del Estado “que como poder Legislativo, consideramos ha sido omiso en la asignación del presupuesto a la noble labor e institución de la Defensoría Pública del Estado de Guerrero, por lo que está obligado a demostrar lo contrario”.

Manifestaron que “será interesante saber a través del juicio de amparo ¿A quién se le asignó el presupuesto para el funcionamiento de la Defensoría Pública del 2015 al 2022? ¿Al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial?, porque a nosotros nos sigue pagando la Secretaría General de Gobierno, tal como lo hemos acreditado con nuestros recibos de pago ante el Juez federal”.

Finalizaron diciendo que demandan “una reforma constitucional para reconocerle a la Defensoría Pública plena autonomía, tal como la tiene la Fiscalía General del Estado y estar en igualdad procesal en los juicios que litigamos como contraparte. No consentimos que el Poder Judicial subordine a la Defensoría Pública porque se convierte en juez y parte”.

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