- Consideran que el gobierno estatal debe mostrar disposición para contribuir al esclarecimiento del Caso Ayotzinapa porque hubo participación de policías estatales en la desaparición de los normalistas
Jesús Saavedra
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Igualaemplazaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que se reúna con ellos y muestre la disposición del gobierno que encabeza para contribuir al esclarecimiento de este caso y cumplan su promesa de crear una Fiscalía Especial.
Este jueves, en el cuarto día de movilizaciones de protesta en Guerrero, con apoyo de normalistas y miembros de organizaciones sociales, los padres de los estudiantes realizaron un mitin afuera de la sede del Poder Ejecutivo, donde pegaron calcomanías con la leyenda “Nos faltan 43” y colgaron posters con los rostros y nombres de una docena de jóvenes desaparecidos.
Al lugar llegaron a bordo de seis autobuses de pasajeros y una camioneta doble cabina en la que transportaron el sonido que utilizaron los oradores en el mitin.
En todo momento las puertas del edificio que alberga las oficinas del gobierno estatal permanecieron cerradas, pero los inconformes no hicieron el intento de ingresar por la fuerza, como ocurrió el martes pasado en Acapulco, cuando intentaron ingresar a las instalaciones de la 8ª Región Naval.
El abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar, dijo que en la desaparición de los 43 normalistas hubo participación de servidores públicos del gobierno estatal, pero “no hay ningún funcionario de aquel gobierno detenido”
Exigió que “sean investigadas las autoridades estatales que hayan participado en la agresión y desaparición” de los normalistas, porque “hubo una participación directa de policías del estado en la desaparición de un grupo de estudiantes aquella noche”.
Don Maximino Hernández, padre de uno de los desaparecidos, se sumó a la exigencia de que sean investigados los exservidores públicos estatales y federales, y advirtió que “no vamos a cesar en nuestra lucha para exigir verdad y justicia”.
Doña Joaquina García, madre de otro estudiante desaparecido, se quejó de que hasta este momento no hayan sido atendidos por la gobernadora Evelyn Salgado y le pidió que se sumen a las investigaciones con el gobierno federal para que se esclarezca la desaparición de sus hijos.
Pidieron que el Ejército y la Marina revele la información que tienen con respecto a lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, y que se investigue la participación de elementos de estas instituciones.
Además, reclamaron qué el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido avances significativos en las investigaciones.
Reprocharon que hay exservidores públicos de la administración que encabezó Ángel Aguirre que “hasta se han postulado para ocupar nuevos cargos”, por lo que pidió “a esta administración que se acerque al Comité para saber su postura”.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra pidió a la gobernadora que “contribuya con el caso Ayotzinapa. Las investigaciones las realiza el gobierno federal, la FGR, pero dada la complejidad del caso y las diversas aristas que el caso presenta, hay aspectos que debería contribuir el gobierno del estado”.
Explicó que una primera contribución sería con “la pérdida de las videograbaciones del Palacio de Justicia en Iguala; el segundo relacionado con la responsabilidad directa de la Policía del Estado, y el tercero, la responsabilidad de autoridades en altos cargos cuando desaparecieron los 43 muchachos”.
Afirmó que en las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia se podría apreciar lo que sucedió cuando fue interceptado por policías el camión 1531 de Estrella de Oro en el queviajaban entre 17 y 21 estudiantes, quienes “fueron bajados con violencia y desaparecidos”.
Añadió que “faltan más elementos para saber la identidad de los policías responsables, y qué otras corporaciones y fuerzas de seguridad participaron en la agresión contra los estudiantes”.
Recordó que “hemos insistido que se investigue en dónde están esos videos y quién fue responsable de la pérdida o destrucción de los mismos, que haya una investigación exhaustiva contra funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y se les finquen responsabilidades”.
De otro tema, Rosales Sierra señaló que hay dos testigos que declararon ante el Ministerio Público y un juez, que 5 a 7 estudiantes fueron detenidos por la Policía del Estado y entregados en una casa de seguridad en el centro de Iguala, donde fueron torturados y asesinados, por lo que ese necesario que se investigue a los elementos de esa corporación “y se sepa quiénes son esos policías”.
Finalmente, señaló que, de acuerdo con “declaraciones ministeriales”, el exprocurador de Justicia, Iñaky Blanco, y el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez, “cobraban 50 mil dólares al mes a ‘Guerreros Unidos’”, por lo que es importante que esto “se investigue al más alto nivel”.
Recordó que cuando andaban en campaña como candidata deMorena, le pidieron atender esos tres puntos y que se creara una Fiscalía Especial, y entonces “se comprometieron y dijeron que sí, pero llegaron al gobierno y se les ha olvidado”.
Reprochó que “no hemos tenido una señal de acercamiento” por parte del actual gobierno, “no sabemos de una posición expresa de la desaparición de los 43, en ninguno de sus discursos ha hablado de esta grave violación a los derechos humanos y que ha marcado a nuestro país, que lacera la vida pública de Guerrero y de México”.
En el mitin participaron normalistas y se desplegaron cinco lonas en donde insistieron que el Ejército y la Marina deben de abrir sus archivos para que contribuyan en la indagatoria; este viernes concluyen las movilizaciones en Guerrero con un mitin afuera de Palacio de Justicia en el bulevar de acceso a Iguala.