•  El exprocurador de Justicia de Guerrero afirmó que el documento dado a conocer la semana pasada está “lleno de subjetividad, mala fe y dolo”, además que “desconoce la anterior recomendación de ese organismo”

Gilberto Guzmán

El exprocurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, afirmó que el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la Recomendación 15VG/2018 referentes a las violaciones graves a derechos humanos en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapaes sesgado, parcial, tendencioso o a modo, y no propone nada nuevo en las investigaciones.

En el espacio informativo del periodista Ricardo Rocha, en Radio Fórmula, el abogado habló sobre la versión pública del mencionado informe presentado por la CNDH, a la que acusó de mentir y de no presentar ninguna novedad que abone a la verdad.

Además, dijo que se evidencia que no se analizó, una a una, las actuaciones o diligencias que conforman la indagatoria del caso. 

“Es un informe parcial lleno de subjetividad, mala fe y dolo, sustentado en un análisis veleidoso de los hechos; en principio desconoce la anterior recomendación de ese organismo, sin tomar en cuenta que cuando se ordenó la reapertura del caso, se incurrió en una irregularidad porque se actuó en contra de lo que disponía el Reglamento interno de la CNDH y no estaba debidamente conformado su Consejo Consultivo, por lo que todas sus actuaciones subsecuentes son nulas, siendo probable que en su momento se abra una discusión en los ámbitos legislativo y judicial”, advirtió.

Blanco Cabrera subrayó que el informe descalifica la primera recomendación señalando que avala la llamada verdad histórica, lo cual es falso.

“Debemos tener presente que derivado de esta recomendación se iniciaron varias investigaciones en la vía penal y en la vía administrativa contra diversos servidores públicos y que de ahí surgieron varias de las órdenes de aprehensión que a la fecha están pendientes”.

En cuanto a los señalamientos hacia su persona, respondió que se incurre en varias falsedades, como en las partes donde señalan que Iñaki Blanco actúa de manera personal, “cuando lo cierto es que yo siempre que he emitido algún posicionamiento sobre lo ocurrido aquella fatídica noche, lo hago retomando las conclusiones a las que arribó la Fiscalía del Estado, esto es a manera institucional”.

Agregó que en cuanto hace a su actuación y la de los servidores públicos de la Fiscalía del Estado de Guerrero, lo más sano es recabar la totalidad de los testimonios de todos los servidores públicos, indagando si en algún momento se recibieron o dieron instrucciones a fin de alterar o modificar diligencias tales como informes, constancias, acuerdos, peritajes o declaraciones, lo cual obviamente no aconteció.

Respecto a si hay alguna esperanza de que algún día se sepa la verdad sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, el exfiscal respondió:

“Estimo yo que con pronunciamientos como estos es difícil, son pronunciamientos cargados de una profunda politización de una carga ideológica que, la verdad, entiendo no es propia de un organismo que siempre que se pronuncia ante todo, debe ser objetivo en el análisis, debe de analizar las cosas de manera integral y en contexto”.

Y reiteró que en el informe hay varias falsedades, como la que tiene que ver con las personas que la entonces Fiscalía a su cargo detuvo en los primeros días de octubre del 2014, y que la CNDH afirma que fueron torturadas por parte del personal a cargo de Iñaki Blanco.

“Eso es falso. Hay distintas certificaciones médicas que así lo constatan y hay un informe de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el que se concluye que los actos de autoridad que tienen que ver con abusos, con detenciones, retenciones ilegales y torturas fueron cometidos después de que dejó de intervenir la Fiscalía del Estado de Guerrero en el conocimiento de los hechos”, defendió.

Sobre el supuesto contubernio, colusión, e incluso tolerancia de la entonces Procuraduría de Justicia a su cargo, hacia la delincuencia, afirmó que “está debidamente documentado que en aquel entonces la Fiscalía de Guerrero detuvo el número más alto de secuestradores en todo el país: 416, como consecuencia se desmantelaron 70 bandas y se liberaron a más de 200 personas”.

Y “de acuerdo a la información que se reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo una reducción en el 2014 del 48 por ciento para el secuestro, de un 35 por ciento en homicidios dolosos, de un 8.6 por ciento en la comisión del delito de extorsión y del 16.7 en el robo de vehículos”.

Por ello insistió en acusar que “la CNDH actúa con falsedad, emite un pronunciamiento a modo, sesgado y parcial, que confunde y que en nada abona al conocimiento de la verdad”.

Iñaki Blanco dijo que se ha tratado de desacreditar los datos que ha proporcionado sobre las investigaciones de la desaparición de los 43, pero estos no son un invento personal, sino que se desprenden de los datos de prueba, como los chats de Chicago, las escuchas de la DEA en las que se advierte momento a momento cómo interactuaron los Guerreros Unidos en la privación ilegal de la libertad y la posterior desaparición de los jóvenes.