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lunes, 16 mayo , 2022

CNDH presenta informe sobre caso Ayotzinapa  

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Jesús Saavedra  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó este miércoles un informe de la recomendación 15VG/2018 que emitió por la desaparición de 43 normalistas en septiembre del 2014 y aseveró que en esa resolución “hubo fallas y omisiones de las actuaciones” que realizaron en aquella fecha y que dan por buena la teoría que a los muchachos los incineraron en el basurero de Cocula.

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Ese informe se dio a conocer un par de semanas después que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentara su tercer informe y donde destaca que las autoridades de los 3 niveles de gobierno “mintieron, tergiversaron, falsificaron, datos y testimonios” desde los primeros minutos de las investigaciones y que además la Marina estuvo en el basurero de Cocula manipulando la escena principal donde se basó la teoría que fueron asesinados e incinerados.

Luego de esos hechos la CNDH inició una investigación y en el 2018 su presidente, Luis Raúl González Pérez presentó la recomendación 15VG/2018 sobre el Caso Iguala.

Este informe se presentó bajo la presidencia, de Rosario Piedra Ibarra y donde se señala que México “alberga un sinfín de historias de violencia, injusticias y abusos de poder, consecuencia de las propias contradicciones de la evolución de la sociedad mexicana, y de sus instituciones.

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El Caso Ayotzinapa, plasmado en la Recomendación 15VG/2018, es una de esas historias”. Se sostiene en el informe que la desaparición de esos 43 muchachos es “una profunda herida en la memoria colectiva de la sociedad mexicana, que acompaña el dolor y la zozobra con que han tenido que vivir las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desde el 27 de septiembre de 2014”.

Indican que el caso “es una historia del horror, de ignominia, de terror, de impunidad y de corrupción, que enmarcan a la violencia estructural, a las prácticas sistemáticas de tortura y de desaparición forzada, que aún se encuentran anquilosadas en las instituciones del Estado, particularmente en aquellas diseñadas para garantizar y proveer seguridad a la sociedad, junto con las que son responsables de la administración y procuración de justicia”.

Y aseveraron que la investigación que realizó la CNDH sobre el caso y que derivó en la recomendación citada, se suscitaron “prácticas institucionales de revictimización de las personas en situación de víctimas, particular y dolorosamente por parte de los organismos protectores de derechos humanos, como la CNDH”.

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Recordaron que las madres y padres de los 43 normalistas “han manifestado su inconformidad respecto a diversos aspectos de la recomendación, por las prácticas de revictimización, estigmatización y criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, de Ayotzinapa; la dilación para la elaboración y presentación de la recomendación, ya que los hechos victimizantes se dieron en septiembre de 2014, y la recomendación se presentó el 28 noviembre de 2018 es decir, 4 años después”.

Señalan que “por su redacción (de la recomendación), el documento avala de facto la formulación de la verdad histórica; si bien no lo señala tácitamente, su argumentación lo hace en sí misma, sin aportar nada a la verdad y a la Justicia.  

Resultado del análisis de la recomendación  

En un documento publicado en la CNDH, explican que la presidenta, Rosario Piedra Ibarra ordenó el 18 de marzo del 2020, la reapertura de los expedientes de queja en los que exista una inconformidad o reclamo de parte de las personas en situación de víctimas sobre el trámite que se dio a su expediente.

Que desde esa fecha se hizo un análisis integral de la recomendación 15VG/2018, “resultado del expediente de queja CNDH/1/2014/6432/Q/VG, el cual consta a la fecha del presente documento de mil 255 tomos y 1 millón 100 fojas, donde se documentan las diversas actuaciones que este organismo nacional realizó a partir de que tuvo conocimiento de los hechos victimizantes, hoy visibilizadas mediante el informe”.

Y que para integrar y dar sustento al informe que dieron a conocer este miércoles, “se formuló una metodología de carácter interdisciplinaria y multidisciplinaria, con la finalidad de generar un documento que analice las actuaciones que realizó la CNDH”. Señalaron que encontraron “omisiones, inconsistencias o extralimitaciones de sus funciones, en el marco de las investigaciones realizadas por ella misma, respecto a las violaciones graves a los derechos humanos”.

Indicaron que el documento “está organizado en 18 apartados que documentan las actuaciones y omisiones que tuvieron las distintas agencias e instituciones responsables de las investigaciones ministeriales, y también se documentan las actuaciones que llevó a cabo la CNDH, y que son el fundamento para la elaboración de la recomendación objeto de estudio”.

Aseveraron que el informe y recomendación, “incluye una ruta para la reparación integral, que inicia con la presentación de una disculpa pública hacia las personas en situación de víctimas. Hay una necesidad urgente de reconocer públicamente las fallas y omisiones de las actuaciones de esta CNDH, a fin de realizar acciones en favor de las personas en situación de víctimas, y coadyuvar a la mayor participación en las investigaciones por parte de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos”.

Añadieron que entre “los resultados que arroja el Informe, destacan: que no hubo un enfoque diferencial y especializado, al momento de redactar la recomendación y en especial al momento de brindar atención a las personas en situación de víctimas, dado que varios estudiantes, así como sus madres o padres pertenecen a pueblos indígenas que habitan el estado de Guerrero”.

Que en “los dictámenes u opiniones técnicas que emitió personal de la CNDH en su momento, fueron realizados en gabinete, es decir, que no se acudió al lugar de los hechos”.

Además que “la aplicación de los protocolos de Estambul presentó serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura realizadas a diversas personas detenidas”. También que en sus investigaciones “en varios momentos, la Oficina Especial para el Caso Iguala actuó bajo una lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones a derechos humanos; que el trabajo de dicha Oficina Especial, se hizo bajo secrecía y fragmentación de la información, a grado tal que las personas que participaron en las diversas diligencias desconocían lo que el resto del personal realizaba en torno al caso”.

Además que la CNDH “obvió el papel de integrantes de las Fuerzas Armadas en los hechos; que no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos, y su participación por acciones u omisiones durante los hechos victimizantes”.

Y reconocen “las legítimas demandas de madres y padres de los estudiantes normalistas, se solidariza con su dolor acompañándolos en su lucha, y exhorta a las diversas autoridades a cumplir con el mandato constitucional que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 ordena a las diversas agencias e instituciones del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, para garantizar los derechos humanos de todas las personas”.

Finalmente señalan que el informe “plantea una serie de acciones para subsanar las deficiencias u omisiones que en su momento se hayan cometido por parte de esta Comisión, y más aún por las autoridades encargadas de esclarecer los lamentables hechos, para poder diseñar el esbozo de una ruta que permita cumplir con las obligaciones que tiene el Estado, incluida la CNDH, con las personas víctimas y con la sociedad en su conjunto, para que en las nuevas rutas de investigación se garanticen efectivamente los derechos a la Verdad, a la Justicia, y por ende a la reparación integral, a la Memoria y a la no repetición de los hechos victimizantes”.

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