POR: R. SALGADO LEYVA

   La Revocación de Mandato, plasmada desde el año 2012 en el artículo 35 de la Constitución General de la República, ha retomado una vigorosa vigencia a partir de la creación de su propia Ley Reglamentaria que reconoce como un mecanismo de democracia participativa por medio del cual “los ciudadanos ejercen su soberanía para revocar o retirar del cargo al titular del Poder Ejecutivo Federal ante la pérdida de confianza”.

   En el artículo 7º de la misma ley se asienta que la Revocación de Mandato será viable siempre y cuando surja a petición de los ciudadanos en número equivalente al menos el 3% de los inscritos en la lista nominal  del padrón de electores y en cuando menos comprendidos entre 16 entidades del país. Se ha corroborado que el Instituto Nacional Electoral, encargado legal de conducir este proceso, validó suficientemente el cumplimiento de esta exigencia; sin embargo, fue notable la evidencia pública de que no fueron los ciudadanos inconformes quienes suscribieron la solicitud para la revocación del cargo, sino que los mismos simpatizantes del primer mandatario, los que a convocatoria del propio Movimiento de Regeneración Nacional, promovieron a través de diversos mecanismos la obtención de más de 10 millones de solicitudes para cubrir el requisito.

   Como en toda democracia, resulta natural la pluralidad de ideas y posturas políticas, pero la gran mayoría de los mexicanos han sabido obrar con moderación, con paciencia, con responsabilidad y con absoluto respeto al Estado de derecho; independientemente de tener a su alcance el importante derecho de solicitar la revocación de mandato, simplemente no existen ánimos de romper con nuestra vocación constitucionalista, como tampoco evidencia de grupos o multitudes que pudiesen estar interesadas o reclamando la salida o remoción del primer mandatario de la nación.

   Los altos porcentajes de aprobación del Señor Presidente han prevalecido por arriba del 60%, lo que significa que son mayoritarios los ciudadanos que están a favor de que continúe en el cargo, y las minorías, aunque posiblemente con marcadas inconformidades, aceptan el peso de las mayorías.

   Ha sido reiterada la confirmación de que la petición sobre la Revocación de Mandato nunca ocurrió a petición de los inconformes, sino más bien de los propios simpatizantes del régimen.

   Por sobre los innumerables y contrastantes formas de como se ha venido desarrollando el proceso, se asoman interrogantes de preocupación por los comportamientos y dislates que muchos ciudadanos no han logrado alcanzar a dimensionar, ni a medir el impacto de las posibles consecuencias o repercusiones. Han surgido expectantes preguntas y se formulan indescifrables respuestas sobre los reales objetivos de esta obstinada consulta que ha estado resultando escandalosamente contaminada por supuestas afirmaciones de desacato a las leyes, las frecuentes y dolosas descalificaciones al órgano electoral responsable del proceso; del abandono de responsabilidades de servidores públicos, quienes han soslayado su encomienda para promover la consulta; del oneroso despilfarro de recursos en propaganda en miles de espectaculares, en organización de mítines y masivas concentraciones, ocasionando que todo ello hagan surgir múltiples  dudas y sospechas sobre el sano ejercicio al derecho de participación ciudadana y que se ha visto contaminado por los abruptos excesos de quienes a toda costa buscan protagonismos que evidencien el afanado interés de dar muestra de supuesta lealtad al Señor Presidente.

     Estos actos “voluntariosos” han manchado la objetividad, certeza y certidumbre de lo que hoy por hoy es un inédito mecanismo de participación democrática.

   Los acontecimientos recientes realizados en Coahuila y Sonora arrojaron innumerables cuestionamientos sobre los arriesgados actos proselitistas de varios servidores públicos de alto nivel del gobierno federal, encabezados por el Señor Secretario de Gobernación, a quien se ha reconocido como un personaje con singulares cualidades que lo han convertido en un eficaz operador político, como un factor confiable de ecuanimidad y de conciliación, pero sobre todo de interlocutor para los sanos entendimientos con fuerzas y grupos de poder.

     Todo lo anterior ocasionó desencanto e incertidumbre al asumirse como partícipe activo en la promoción de la elección del próximo 10 de abril. Su alta investidura fue expuesta ante un lamentable dislate, lo que en gran medida impactará en su imagen y sólida trayectoria.

   La consulta va y los resultados serán los esperados. Los desbordamientos y excesos habrán sido infructuosos e innecesarios.