- Los expertos que participan en la investigación del Caso Ayotzinapa dieron a conocer un video en el que se observa a elementos de la Semar alterando el sitio donde supuestamente fueron asesinados e incinerados los 43 normalistas
- Las autoridades federales y estatales “contaban con información minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo” en Iguala, el 26 de septiembre, e incluso “los mismos estudiantes” eran vigilados desde 2 días antes de lo ocurrido, señalan
Jesús Saavedra/Redacción
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que participa en la investigación del Caso Ayotzinapa, reveló un video, hasta ayer desconocido, en el que se observa que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron en la zona del basurero de Cocula, Guerrero, cuando la Procuraduría General de la República inició las investigaciones por la desaparición de 43 normalistas en Iguala, en septiembre de 2014.
Durante la presentación de su tercer informe de trabajo, los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron que las autoridades federales y estatales “simularon, manipularon, ocultaron y tergiversaron información”, lo que derivó en que la verdad sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de ese año se “haya perdido desde un primer momento”.
Los integrantes del GIEI se incorporaron durante la actual administración como coadyuvantes en la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador y han tenido acceso a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República.
Por esa razón, este lunes presentaron un tercer informe con el que desacreditan la “verdad histórica” que sostuvo quien fuera titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien argumentó en su momento que un número indeterminado de los 43 estudiantes desaparecidos fue asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por sicarios de Guerreros Unidos, después de que se los habían entregado policías municipales de ese municipio.
Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, informó que del 2020 a la fecha han avanzado en las investigaciones del Caso Ayotzinapa altener acceso a “fuentes documentales del Cisen, Sedena, se han hecho importantísimos hallazgos desde la Unidad Especial de la FGR para este caso, ha sido posible por la voluntad y apertura de los archivos que fue ordenada por el presidente, por el acompañamiento de autoridades”.
Sin embargo, admitió que aún hace falta “acceder a archivos de inteligencia, militares” y que “se entreguen otros documentos de inteligencia que hemos solicitado en reiteradas oportunidades por su importancia para el pleno esclarecimiento de los hechos, persiste muchas dificultades de acceso a la investigación, de judicialización de algunos casos”.
Dijo que han podido documentar que durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 hubo un seguimiento de inteligencia a los normalistas de Ayotzinapa, además que “es histórico, documentar que había un seguimiento contrainsurgente a las actividades de los estudiantes”, porque hay evidencias de una “orden expresa de autoridades militares de dar seguimiento dos días antes del 26 de septiembre”.
Claudia Paz y Paz aseguró que el día de los hechos, las autoridades federales y estatales “contaban con información minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo, los mismos estudiantes estaban infiltrados, había fachadas de estudiantes”.
Explicó que el Centro (Grupo) de Coordinación Guerrero que presidía el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero tenía información sobre “siembra, cultivo de amapola, producción de heroína y trasiego de autobuses, no era ninguna novedad y esa información se nos ocultó”.
Además, afirmó que las “autoridades sabían qué ocurría en el momento de detención y desaparición de los 43 estudiantes”.
Ángela Buitrago, otra de las integrantes del GIEI, fue más contundente al afirmar que, de acuerdo con sus investigaciones, hubo “simulación” de las autoridades “en el momento de los hechos, de la iniciación de la investigación en octubre, en el momento la investigación de PGR”.
Subrayó que el GIEI sostiene “categóricamente que las autoridades ocultaron, cambiaron información, negaron conocimiento de los hechos para hacer creer que no conocían el paradero de los estudiantes, de su detención y desaparición, de la situación de violencia en Guerrero, en particular en Iguala”.
Reveló que, ante la gravedad del asunto, detuvieron y presentaron 2 “posibles responsables”, para lo cual “crean y recrean toda una escena con el fin de calmar las cosas. Desde ese primer momento la verdad se perdió, no se puede decir que no se pueda recuperar”, señaló.
Denunció que la PGR “construyó versiones (de lo ocurrido a los estudiantes) a través de simulaciones de llamadas anónimas que nunca existieron. Hay constancia de llamadas creadas de manera ficticia que se prestaron para esa simulación, bitácoras que se alteraron, se cambiaron el número de patrullas que intervinieron en los hechos, se destruyeron evidencias, hay actas de PGR falsas, el mayor caso de simulación es el acto de tortura contra varios supuestos responsables”, detalló.
Luego presentó videos y documentos, hasta ayer desconocidos que echan por tierra la versión de que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Recordó que esa versión oficial fue presentada el 26 octubre 2014 “en una diligencia obtenida bajo tortura, el 27 octubre se adjuntan más versiones obtenidas bajo tortura, el 28 de octubre se realiza una operación en el Río San Juan (de donde obtienen bolsas con restos)” que era “ilegal”.
Ángela Buitrago indicó que hay evidencias de que hubo una “intervención anterior a las diligencias del 27 de octubre, de actores que no tenían competencia y rango en la investigación”.
Inclusive informó que antes de conocerse la “verdad histórica”, Murillo Karam y unas 12 personas (presuntamente marinos) estuvieron en ese basurero desde las 6 de la mañana a las 11 de la mañana, y acusó que “el acta que reporta el hallazgo de bolsas y restos en el río San Juan es falsa”.
El video mostrado, hasta ayer desconocido, muestra imágenes captadas el 27 de octubre de 2014 por un dron de la Semar, el ANX 3501, el cual tuvo un tiempo de vuelo de siete horas y 15 minutos, y que incluyó también tomas del Río San Juan.
El dron comenzó a registrar imágenes a partir de 6:39 horas, justo cuando dos camionetas de la Semar llegan a la escena principal del basurero de Cocula, muy cerca de donde se encontraban tres bultos blancos sobre una ladera.
Los marinos, aproximadamente 12 personas, caminan por la zona en donde luego se confirmaría el hallazgo de restos óseos humanos quemados.
Minutos después se aprecia un fuego encendido por los marinos, el cual estuvo encendido por aproximadamente unos diez minutos, tiempo en el cual ya se no se aprecian los bultos blancos.
En punto de las 8:31 horas, se aprecia un convoy de camionetas de la PGR y de la Semar, en las que viajan Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, ahora prófugo de la justicia.
Antes de las 10:00 horas, se aprecian sobrevolando tres helicópteros, uno de los cuales intenta aterrizar en el sitio, lo que ocasionó que saliera volando material, por lo que volvió a emprender el vuelo.
Pasado el mediodía, se observa la llegada de integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) al basurero de Cocula.
Por su parte, Francisco Cox insistió que sobre la desaparición de los normalistas se “construyó una mentira desde las más altas esferas del poder”.
Recordó que 22 personas presuntamente relacionadas con la desaparición forzada de los muchachos, han muerto, 20 de ellas asesinadas y 2 de muerte natural.
Pidió al Ejército que entregue la información certificada para poder judicializar carpetas de investigación y poder llamar a cuentas aquienes hayan cometido un delito, por omisión o acción, en esta desaparición forzada.
Afirmó que en sus investigaciones “no hemos tenido ninguna noticia de que puedan estar con vida los 43 estudiantes, las investigaciones dan de lugares y fosas, pero no en vida”, por lo que “resulta fundamental que las autoridades no creen falsas expectativas en los familiares” de los estudiantes desaparecidos.
Los miembros del GIEI informaron que entregaron 26 recomendaciones al gobierno de López Obrador, entre ellas teneracceso pleno a archivos militares, fortalecimiento de la investigación,procesos de búsqueda, investigación de torturas, apoyo a los familiares y la entrega de información a la Unidad Especial de la FGR y la Comisión de la Verdad sobre otras violaciones graves a derechos humanos
Guillermo Fernández Maldonado Castro, de la Oficina de Derechos Humanos ONU, lamentó que persistan “obstáculos estructurales que persisten en el estado mexicano para conocer lo ocurrido en septiembre del 2014, las secuelas de acciones, omisiones, encubrimientos, no se ha podido responde la pregunta más importante de dónde están los estudiantes, el estado mexicano tiene obligación de verdad, justicia y resarcimiento del daño, pero con perseverancia llegara a la verdad”.
Doña Cristina Bautista madre de un normalista desaparecido, agradeció el informe y que lo iban a analizar en el Comité, “que se investigue a todos los implicados, que den información necesaria y podamos llegar a la verdad” y anunció que este martes a las 11 de la mañana van a fijar una postura sobre este informe.