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miércoles, 17 agosto , 2022

Dos organizaciones exigen cumplir Alerta por Violencia de Género en Guerrero

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  • Se debe garantizar que las mujeres puedan abortar cuando quedan embarazadas víctimas de una violación y reprochan que se le haya negado la interrupción del embarazo a niña indígena de 9 años 

Josefina Aguilar 

Organizaciones sociales exigen a los tres poderes públicos de Guerrero cumplir con las medidas dictadas en la Alerta por Violencia de Género en contra de las Mujeres (AVGM) por agravio comparado, dictadas desde el año pasado, y evitar que casos como el de la menor indígena víctima de violación, a quien inicialmente le negaron hacerle un aborto, continúen ocurriendo en Guerrero. 

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A través de un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) manifestó su preocupación por la prevalente violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres guerrerenses, particularmente la falta de garantía a la interrupción legal del embarazo a niñas víctimas de violación. 

Al partir del reciente caso de la niña me’phaa de 9 años, originaria del municipio Acatepec, víctima de violencia sexual a manos de su primo de 12 años que derivó en un embarazo no deseado, y la negación de personal médico del hospital de ‘Raymundo Abarca Alarcón’ en Chilpancingo de practicarle un aborto, el OCNF consideró la urgente necesidad de legislar en torno al derecho a la salud reproductiva de las mujeres.  

Recordó que el gobierno guerrerense tiene pendiente implementar las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por Agravio Comparado, dictadas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).  

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Entre las medidas pendientes se encuentran que la Secretaría de Salud de Guerrero tendrá que diseñar e implementar el Programa Estatal para la Interrupción del Embarazo en los servicios de salud del estado, garantizando un enfoque especial y diferenciado con atención de la perspectiva intercultural. 

También deberá garantizar que en toda la entidad, haya centros de salud que provean servicios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos para la ILE —de acuerdo con la Ley General de Salud y la NOM-046—, y en caso de no contar con los mismos, asegure su canalización inmediata y gratuita a aquellos en los que se presta el servicio. 

En ese sentido, el OCNF llama a la gobernadora Evelyn Salgado, a la LXIII Legislatura del Congreso de Guerrero, a la Secretaría de Salud y de manera particular a la Fiscalía del Estado de Guerrero, para que en el ámbito de sus competencias, no posterguen aún más la implementación de las medidas dictadas desde el 5 de junio de 2020, a través de la AVGM por agravio comparado. 

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Asimismo, exige a las autoridades estatales, investigar y sancionar a las y los funcionarios públicos del hospital general de Chilpancingoque vulneraron los derechos de la niña de 9 años víctima de violencia sexual, al negarle la ILE, e impulsen a la brevedad la legislación y normatividad que garantice la ILE a las víctimas de violencia sexual, en cumplimiento a las medidas dictadas por la Segob a través de la AVGM por agravio comparado. 

En ese mismo sentido, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres (RGDM) condenó la actuación del personal médico del hospital ‘Raymundo abarca Alarcón’, que revictimizó tanto a la menor como a su familia y de manera deliberada intentó hacerla desistir de abortar, obligándola a gestar, considerado esto como un acto de tortura, según los informes del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU.  

La organización recordó que la objeción de conciencia es una prerrogativa personal, no a nivel institucional, por lo que el sistema de salud está obligado a contar con personal médico capacitado “No Objetor”, que pueda realizar los procedimientos adecuados para no generar barreras en el acceso y cumplimiento de los derechos humanos en el sector salud. 

“Externamos nuestra indignación y sobre todo preocupación debido a que no es un caso aislado, es una situación que viven mujeres, jóvenes y niñas en el estado de Guerrero de manera constante y que solamente son atendidos cuando las organizaciones sociales son capaces de intervenir y hacer públicos los casos para hacerles responsables de cumplir sus obligaciones, y no por un acto de buena fe, como lo dan a entender en sus comunicados”, sentenció la RGDM. 

Asimismo exige al Poder Legislativo, iniciar de manera inmediata la discusión para la despenalización del aborto derivada de la iniciativa presentada el 12 de enero del presente año para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes. 

Al ejecutivo; a cumplir con las medidas establecidas dentro de la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, y al judicial, llevar a cabo una investigación con perspectiva de género para dar con el responsable del abuso sexual y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.  

La RGDM señaló que Guerrero es uno de los estados con mayor gasto en capacitar y sensibilizar a sus funcionarios y funcionarias respecto a la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, lo cual no es, ni ha sido suficiente, además de que la efectividad de dichas capacitaciones, no se reflejan en la actuación del funcionariado, que continúa, negando el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes, y revictimizándolas. 

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