- Se trata de atender las acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte sobre Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, pero también sobre Educación y en materia Electoral
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un Punto de Acuerdo Parlamentario por el que se aprueba el “Protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos”.
La aprobación de este Protocolo por parte del principal órgano colegiado del Congreso de Guerrero, y cuya construcción tomó un periodo de más de cinco meses, es el primer paso a un proceso que busca garantizar el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa en temas que los atañen, sea por reformas legislativas, políticas públicas o acciones de gobierno.
Con lo anterior se contempla dar cumplimiento a sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con las acciones de inconstitucionalidad número 78/2018, 81/2018, 136/2020 y 299/2020, respecto a las materias de Seguridad Pública, Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Electoral y Educación.
El máximo órgano judicial del país declaró inconstitucional el Decreto 778 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Asimismo, el decreto por el que se expidió la Ley número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; el Decreto 460 por el que se adicionan los artículos 13 Bis y 272 Bis a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y el Decreto 756 por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, todos éstos aprobados por anteriores Legislaturas.
Dicho Punto de Acuerdo fue aprobado por la totalidad de coordinadores de los grupos y representaciones parlamentarias de la LXIII Legislatura.