- La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses condenó lo ocurrido en Ocotequila, Copanatoyac, donde hombres no permitieron que mujeres votaran en la elección de comisario
Jesús Saavedra
La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses condenó “enérgicamente los actos de violencia política en razón de género cometidos en agravio de mujeres indígenas náhuatl de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, Guerrero, a quienes se les impidió ejercer su derecho constitucional a votar en la elección de Comisario Municipal, el pasado 2 de enero del presente año, bajo el argumento de que por usos y costumbres de dicha comunidad indígena, las mujeres no tienen derecho a votar”.
Mediante un comunicado, esa organización consideró que “impedir el ejercicio de las mujeres al voto, basándose en tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos, constituye una violación” a sus derechos humanos”.
Además, contravienen “los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que deben prevalecer en el ejercicio de la función estatal para las elecciones populares, de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución Política”.
Por ello, la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses exigió “a las autoridades competentes las investigaciones y sanciones que correspondan conforme a derecho, así como la adopción de medidas de protección, reparación integral del daño y de no repetición”.
Pidió a las autoridades competentes “que actúen bajos los principios apegados a los principios de imparcialidad y legalidad, con perspectiva de género, intercultural, interseccional y con un sentido ampliamente progresista y garantista de los derechos humanos de las mujeres”.
Considera que “los actos perpetrados contra las ciudadanas de Ocotequila, constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, con el agravante de que se trata de mujeres pertenecientes a la etnia Náhuatl, lo que intersecciona dos condiciones de desigualdad, exclusión, opresión y discriminación por pertenecer a dos grupos histórica y estructuralmente discriminados: ser mujeres e indígenas”.
La Red considera que “el Estado debe adoptar medidas especiales para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación contra las personas y los pueblos indígenas, en especial contra las mujeres y las niñas, así como para garantizar a sus miembros el mismo nivel de vida y oportunidades a las que tienen acceso los demás miembros de la sociedad. Estas medidas deben reflejar las aspiraciones de los pueblos indígenas de proteger, mantener, y desarrollar sus culturas, identidades, costumbres, tradiciones e instituciones, garantizando el derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación, a una vida libre de violencia y al ejercicio pleno de su ciudadanía”.
Advierte “que ningún uso, costumbre, tradición o sistema normativo interno puede estar por encima de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo el derecho constitucional al voto y a ser electas a cualquier cargo público, de representación política y toma de decisiones”.
La Red informó que “ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo el acompañamiento y la defensa jurídica de las mujeres indígenas agraviadas por estos hechos, en coordinación y colaboración con la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.
Finalmente, la organización feminista reitera “su compromiso de seguir trabajando en la promoción y defensa de los derechos políticos y electorales de las mujeres, desde una perspectiva basada en el marco de los derechos humanos, la perspectiva de género, intercultural e interseccional, labor que seguiremos desarrollando para contribuir a la consolidación de la democracia paritaria en Guerrero y en nuestro país. ¡La democracia será feminista o no será!”, concluye.