• Viridiana Gutiérrez, del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra la mujer, reprochó a los legisladores que no aprobaran la interrupción del embarazo en caso de violación sin presentar denuncia penal  

Josefina Aguilar Pastor 

Feministas lamentaron y condenaron la posición de los diputados y diputadas del Congreso del Estado que rechazaron la propuesta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para derogar parte de la Fracción I del Artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero, en relación a la excluyente de responsabilidad penal por la interrupción legal del embarazo, porque “nos dejan en total desamparo”, afirmaron. 

Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO-Guerrero), acusó a los diputados y diputadas locales que votaron a favor del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y para la Igualdad de Género, de dejar a las mujeres en total desamparo de sus derechos. 

Señaló que el reciente feminicidio de Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, en Tixtla, es solo un ejemplo de lo que pasa cuando las instancias correspondientes no acatan las medidas de la Alerta de Violencia de Género, es resultado de la incompetencia del Estado en su conjunto, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Recordó que hace ya cuatro años, ocho municipios de Guerrero cuentan con una Alerta de Violencia de Género con la que el Estado estaba obligado a cumplir diversas medidas, que tenían que ver con la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres, pero que a pesar de ello hay “muchas desparecidas, muchas encontradas como fue encontrada esta chica de Tixtla, y con autoridades como la presidenta municipal y como el fiscal, negando esta violencia, haciéndose a un lado como si no les correspondiera”, acusó.  

Refirió que a la Presidencia Municipal les corresponden las tareas de prevención y atención; al fiscal sancionar la violencia contra las mujeres, investigar cuáles son los criminales que están atentando contra las mujeres, y al Estado le toca la protección de toda la vida en Guerrero, “y no están cumpliendo”, puntualizó. 

Agregó que las medidas establecidas en la AVG no fueron hechas por las activistas de Guerrero, sino por un grupo de expertas en instituciones que están diciendo cómo hacer las cosas, subrayó la activista.

Señaló que “entonces los responsables de esta nueva ola de violencia contra las mujeres son” las autoridades, “y una muestra es lo que los legisladores acaban de aprobar”, insistió. 

Gutiérrez Sotelo también cuestionó la actuación de la diputada Erika Valencia Cardona, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, a quien acusó de no estar del lado de los derechos de las mujeres el tema de la violencia.

“Acá estamos hablando de la vida de las mujeres, de delitos tan graves como la violación, como el feminicidio y me parece que ella —Erika Valencia Cardona— no es empática en este tema, no podríamos estar hablando de que sea digna representante presidenta de la Comisión de Igualdad”, reprochó Gutiérrez Sotelo. 

De Omar Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que es una persona que siempre se ha mostrado en contra de los derechos de las mujeres, y sobre todo del derecho a decidir.

Acusó que el legislador solo cuida su aspiración por ser presidente municipal de Taxco y porque “parece más panista que priista”, debido a que ha hecho una alianza con la diputada del PAN, Guadalupe González, para actuar en contra de los derechos de las mujeres insistió. 

La representante de Obvio-Guerrero aseguró que la decisión de los diputados es un revés para el libre ejercicio de los derechos de las mujeres; “no solo están atentando en contra del dictamen de Conavim, sino en contra de toda una legislación internacional que tiene que ver con un total desconocimiento de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.