Alondra García

El ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, informó que dicha instancia no tuvo conocimiento de la infiltración del crimen organizado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pero consideró que esa nueva revelación debe ser investigada por la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR).

El pasado 13 de septiembre, la Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa (CNEA) emitió un posicionamiento público respecto a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

En el documento, exigieron que los dirigentes estudiantiles de ese año expliquen por qué llevaron a sus compañeros de primer semestre hasta el municipio de Iguala a tomar autobuses y por qué planificaron esa acción durante la noche. 

El sobreviviente del Caso Ayotzinapa y ex drigente estudiantil Omar García respondió a través de una publicación en Facebook. 
Reconoció que la delincuencia organizada se infiltró en la Normal Rural, que al interior se vendía marihuana y cocaína y que incluso hubo la irrupción de estudiantes y sicarios armados.

Iñaki Blanco Cabrera estuvo al frente de la PGJE en ese periodo y encabezó las primeras investigaciones del Caso Ayotzinapa, antes de que fuera atraído por la otrora Procuraduría General de la República (PGR). 

Consultado vía telefónica, indicó que la PGJE no conoció sobre la irrupción e infiltración de la delincuencia organizada en Ayotzinapa.

“No teniamos información sobre ese hecho (…), esto recién se está dando a conocer, no son aspectos que hubiesen trascendido en aquel entonces”, apuntó. 

Sin embargo, destacó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación en 2018, en cuyas conclusiones sí se plantea la infiltración delictiva en la normal rural. 

Por ello, Blanco Cabrera consideró importante que la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR) investigue estas nuevas revelaciones. 

Durante la entrevista, también se le cuestinó al ex procurador estatal si en las bases de la investigación que encabezó hubo claridad sobre las causas que motivaron a la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa a llevar a sus compañeros hasta el municipio de Iguala, de noche, a tomar autobuses. 

“En su momento se dijo y fue parte de lo que nosotros dimos a conocer, en el sentido de que habían acudido a Iguala ante la imposibilidad de apoderarse de algunas unidades de transporte público en la ciudad de Chilpancingo”, apuntó Blanco Cabrera. 
Dichos autobuses serían utilizados para acudir a la Ciudad de México a participar en los actos conmemorativos del 02 de octubre.

Sin embargo, reconoció que “no quedó del todo claro por qué los normalistas incursionaron en una localidad en la que normalmente no operaban”.

Señaló que un año antes, los estudiantes de Ayotzinapa acudieron a Iguala para solidarizarse con la organización Unidad Popular, tras el asesinato de algunos de sus integrantes y de su dirigente Arturo Hernández Cardona. 

Recordó que incluso se les señaló como responsables del incendio en el Palacio Municipal. 

El ex procurador subrayó que, fuera de esa única ocasión, “no existe ningún otro antecedente importante” sobre la presencia de normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala. 

“Regularmente todos conocíamos en dónde operaban los muchachos, cuáles eran las acciones que llevaban a cabo (…); ese es uno de los puntos bien importantes, uno de los puntos que no han quedado del todo claros”, expuso. 

También destacó que, a seis años de los hechos de Iguala, “ya no existe la unidad que existió durante mucho tiempo entre los egresados”, situación que ha permitido que surja nueva información que en su momento mantuvieron oculta.

“Aquí lo más importante es que no es una información menor, sino que está aludiendo a posibles vínculos (criminales), a la infiltración del narcotráfico en la escuela; ese es un aspecto que no podemos dar por sentado, pero que debe ser investigado profusamente para conocer si eso influyó o no en lo ocurrido la noche del 26 y primeras horas del 27 de septiembre de 2014”, insistió el ex procurador de justicia de Guerrero. 

Asimismo, consideró que debe investigarse cuál fue el destino de los ex dirigentes estudiantiles que llevaron a sus compañeros a Iguala, ya que por lo menos uno de ellos hoy ocupa un cargo en el gobierno federal, el cual le fue concedido desde el periodo de Enrique Peña Nieto. 

“Más allá de las interpretaciones sesgadas o parciales que afectan y dañan mucho a la investigación, siempre he dicho que debe realizarse un análisis serio, profundo, integral y objetivo de los hechos, que hay que ir más allá de lo que contienen los mil tomos que integran la averiguación previa, de las versiones oficiales y las no oficiales, como la recomendación de la CNDH, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y también algunas investigaciones periodísticas que han aportado datos importantes en todo esto”, expuso Blanco Cabrera. 

Destacó que el 80 por ciento de la narrativa entre la versión oficial y las no oficiales es prácticamente la misma. 

Aseveró que existe plena claridad y sustento en cuanto a la autoría material e intelectual del Caso Ayotzinapa, la cual recae en el grupo delictivo Guerreros Unidos en colusión con “instancias de gobierno que estaban a su servicio, particularmente las policías municipales” de Iguala, Huitzuco y Cocula. 

Además de algunos “casos aislados” de elementos infiltrados en las policías Federal, Estatal y Ministerial.

Lo único en lo que no existe claridad, dijo, es el destino de los 43 estudiantes desaparecidos. 

“La narrativa no ha variado y no creo que vaya a variar, hoy los esfuerzos deben centrarse en cuál fue la ruta de desaparición y el destino de los muchachos.

Sin embargo, Blanco Cabrera lamentó que la actuación irregular de algunos servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) “afectó y enturbió las indagatorias”, pues en las diligencias que realizaron se documentaron violaciones graves a los derechos humanos. 

En cambio, destacó que la Unidad Especial de la FGR retomo las bases de la investigación que sentó la hoy extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, que en su momento fueron “desestimadas y descartadas por la PGR”.

A sólo cinco días de que se cumplan seis años del Caso Ayotzinapa, los padres de familia, estudiantes de la normal y organizaciones sociales anunciaron movilizaciones para exigir justicia. 

Al respecto, Blanco Cabrera consideró que “siempre hay que estar al lado de los padres de familia, su reclamo es más que justo, es justificado”. 

Aseveró que “es muy importante, sobre todo ante los padres de familia pero también por la sociedad y por el interés de la comunidad internacional, que sepamos de manera fehaciente e indubitable qué ocurrió aquella fatídica noche”.