- * Carlos M. Barbosa afirmó que hay una “violación a los derechos de más de 13 mil ciudadanos que están esperando que se haga justicia en el TCA y las seis JLCyA” del estado
Jesús Saavedra
Mas de 13 mil ciudadanos están afectados por el cierre del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y las seis Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) que hay en la entidad debido a la pandemia del COVID 19, por lo que abogados urgieron a que se establezca un plan de apertura gradual para atender los trámites que están detenidos en esas instancias administrativas.
Este martes, integrantes del Frente Nacional de Abogados Democráticos delegación Guerrero ofrecieron una conferencia de prensa en la que hicieron un llamado al TCA que elabore un plan de reapertura gradual, y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado para que haga lo mismo en las seis JLCyA que hay en Guerrero.
Explicaron que desde hace cinco meses están cerradas ambas instancias administrativas donde se dirimen conflictos laborales entre trabajadores y el gobierno del estado, los gobiernos de los 81 municipios, y que además la semana pasada les informaron que estarían en esa situación por tiempo indefinido.
El abogado Carlos Marx Barbosa Guzmán indicó que esa es una “violación a los derechos de más de 13 mil ciudadanos que están esperando que se haga justicia en el TCA y las seis JLCyA; desde el 16 de julio abrieron de manera parcial las actividades en los juzgados civiles y familiares; el pasado 3 de agosto el Tribunal Superior de Justicia también abrieron de manera parcial”.
Se quejó de que ni el TCA, no las seis JLCyA tengan un plan de reapertura, y señaló que al estar “cerradas sus oficinas desde hace 5 meses, lo que se está haciendo es negar el acceso a la justicia, es un derecho humano reconocido en los tratados internacionales y le están dando un trato desigual a estas más de 13 mil personas”.
Dijo que se trata de trabajadores que necesitan el pago de una indemnización o el pago de salarios retenidos, pero “tenemos un aviso que va a estar cerrado por tiempo indefinido, la semana pasada así avisaron y se trata de una terrible irresponsabilidad”.
Barbosa Guzmán consideró “lamentable que ambas instancias públicas no hicieran ajustes para solucionar esta situación, las demás instancias ya tomaron sus medidas pertinentes, no tienen sensibilidad para dar solución a estos conflictos que son controversias laborales del gobierno del estado y municipios con sus trabajadores”.
Indicó que eso demuestra que el estado de Guerrero “es de los más atrasado en la administración de justicia en el país, son actos irresponsables que ambas instancias estén inactivas desde marzo a la fecha y no haya un plan de retorno a sus labores”.
Señaló que entre esos 13 mil ciudadanos “hay trabajadores despedidos, salarios retenidos, porque se murió el trabajador y las viudas huérfanos puedan tramitar documentación para reclamar el pago de sus prestaciones sociales, seguros de orfandad, de viudez, pensiones”.
Agregó que quizá “para muchos será insignificante que no haya justicia laboral, pero para otros es su patrimonio en juego, hay laudos dictados, asuntos en trámites, por esta pandemia no sabemos cuántos actores han fallecido y que sus familiares tendrán que tramitar sus acciones administrativas, es una grave omisión esta situación”.
Pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que pida al secretario del Trabajo, Oscar Rangel Miravete, que arme un plan de retorno a sus labores en las seis JLCyA, y que haga un llamado respetuoso al TCA para que también haga lo propio.