• * Además se garantizará la equidad en candidaturas para indígenas y afromexicanos, así como la integración igualitaria del Poder Legislativo y Ayuntamientos

Gilberto Guzmán

El Congreso del Estado aprobó ayer adiciones y reformas a diversas leyes en materia electoral para garantizar la equidad en candidaturas de representantes indígenas y afromexicanos, para sancionar la violencia política contra mujeres, la integración igualitaria de hombres y mujeres en el Congreso y los Ayuntamientos, además de diversas reglas en materia electoral.

En dos sesiones realizadas este lunes en la explanada frontal de la sede del Poder Legislativo, en acatamiento a las medidas sanitarias por la pandemia de Coronavirus, los legisladores dieron primera y segunda lectura a los tres dictámenes en materia electoral.

Reformas a favor de indígenas y afromexicamos

El primer dictamen emitido por la Comisión de Justicia y aprobado por mayoría de votos adiciona los artículos 13 Bis y 272 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y establece la obligación de los partidos políticos de registrar candidaturas de origen indígena o afromexicano para las diputaciones de mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Guadalupe González Suástegui manifestó que dichas adiciones son en cumplimiento a la resolución derivada del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales, expediente número SCM-JDC-402/2018, que obliga al Congreso de Guerrero a armonizar su Constitución local y la legislación interna para garantizar a estos sectores su acceso, en condiciones de igualdad, a las candidaturas para cargos de elección popular.

Ante esto, se estableció en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que los partidos políticos deberán postular fórmulas de candidaturas a diputadas o diputados de mayoría relativa de origen indígena o afromexicana, en por lo menos la mitad de los distritos en los que este sector sea igual o mayor al 40 por ciento del total de la población, y conforme al último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se explicó que para el registro de estas fórmulas, el partido político o coalición deberá presentar elementos con los que acrediten una autoadscripción calificada basada en constancias, con elementos objetivos que demuestren la pertenencia al mismo y el vínculo que el candidato tiene con su comunidad.

En los artículos transitorios se indica que la postulación de candidaturas de origen indígena o afromexicano tendrá vigencia únicamente para el siguiente proceso electoral, conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, antes de llevar a cabo una modificación a las normas que impacten en estos grupos, deben realizarse consultas previas con los lineamientos establecidos por la Corte, por lo que es de ponderarse que entre las actividades de organización de una consulta con las bases y lineamientos requeridos y la emergencia sanitaria, prevalece el derecho de protección a la salud y la vida de las personas.

Contra la violencia política

Las diputadas y los diputados locales también aprobaron reformas y adiciones a las Leyes electorales en materia de Violencia Política en Razón de Género; Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres, y para establecer Medidas de Protección y Reparación del Daño.

Dichas iniciativas dictaminadas en paquete fueron presentadas por las diputadas Erika Valencia Cardona, Mariana García Guillén y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien solicitó licencia para incorporarse a la delegación del gobierno federal.

De acuerdo con el dictamen emitido por las Comisiones para la Igualdad de Género y de Justicia, fundamentado por la diputada Erika Valencia Cardona, se destaca la necesidad de adecuar las Leyes de Instituciones y procedimientos Electorales y de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, dado que en el proceso electoral de 2017-2018 se registraron 14 casos de violencia política contra mujeres que participaron activamente en el proceso electoral.

Agregó que de estos casos de violencia, 7 fueron contra precandidatas, 5 contra candidatas y 2 contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Todas ellas refirieron haber sufrido violencia psicológica, amenazas y violencia económica, y que, en la mayoría de los casos, la violencia provino del interior de los partidos políticos, los que presionaron para obligarlas a ceder sus candidaturas, a través de difamaciones, calumnias y desprestigio en los medios de comunicación y redes sociales.

De esta manera, en las reformas y adiciones aprobadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, se prevé el procedimiento especial sancionador, la indemnización a la víctima y la restitución inmediata en el cargo al que haya sido obligada a renunciar por los actos de violencia sufridos. Asimismo, una disculpa pública, la aplicación de medidas de seguridad para asegurar el ejercicio del cargo, y la no repetición.

También faculta a la autoridad encargada de la investigación para establecer medidas cautelares en favor de la mujer violentada, que van desde el análisis de riesgo, con un plan de seguridad; retiro de la campaña violenta; suspensión del cargo partidista de la persona agresora y cualquier otra que sea necesaria para la protección y garantía de sus derechos y el ejercicio de los mismos, y el derecho a promover el juicio electoral ciudadano cuando sufra de violencia política en razón de género.

La legisladora calificó estas reformas como un paso extraordinario, ya que con esto se cumple con las demandas de muchas mujeres en Guerrero que han sido víctimas de discriminación, desigualdad e incluso asesinato, por el hecho de aspirar a un espacio de poder.

Ayuntamientos y Congreso igualitarios

El tercer dictamen aprobado garantiza la integración igualitaria de hombres y mujeres en el Congreso del Estado y los Ayuntamientos; el derecho a postularse sin exigir separación del cargo; no estar inhabilitado para ocupar un cargo público, y para prorrogar la elección del diputado migrante o binacional.

Se trata de diversas reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en cuyo dictamen de la Comisión de Justicia fundamentado por el diputado Omar Jalil Flores Majul.

Se establece que en la postulación de candidaturas a diputados y miembros del Cabildo, los partidos políticos no podrán otorgar al género femenino aquellas donde hayan obtenido un menor número de votos en la elección inmediata anterior.

En cuanto a la flexibilización de requisitos de elegibilidad, la modificación consiste en otorgar el derecho de postularse sin necesidad de separarse del cargo a aquellos servidores públicos que no tengan funciones de dirección, fiscalización, supervisión o manejo de recursos públicos, ni lleven a cabo la ejecución de programas gubernamentales.

También se establecen principios de neutralidad en el uso de recursos públicos de aquellos representantes populares con derecho a reelección; es decir, la permanencia en el cargo no implica en automático una inobservancia de las reglas aplicables que resulte en inequidad en la contienda electoral.

Se establece la exigencia de no estar inhabilitado para ocupar un cargo público por resolución ejecutoriada emitida por autoridad competente, así como la obligación de los partidos políticos para que destinen un cinco por ciento de su financiamiento público ordinario a la capacitación de los jóvenes, que podrán ser electos para el cargo de consejeros distritales.

Y por último, se contempla prorrogar la elección del diputado migrante o binacional hasta el año 2024, con el objetivo de que se lleve a cabo la armonización de la norma secundaría respecto a la elección de manera directa.

Estas reformas derivan de iniciativas presentadas por las y los diputados Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Leticia Mosso Hernandez, Norma Otilia Hernandéz Martínez, Mariana Itallitzin García Guillén, Marco Antonio Cabada Arias, Celeste Mora Eguiluz, Arturo López Sugía, Samantha Arroyo Salgado, Heriberto Huicochea Vázquez; los Grupos Parlamentarios del PRI y PRD; las Representaciones Parlamentarias de los Partidos Políticos PVEM, PAN, MC y PT, así como la Junta de Coordinación Política.