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jueves, 6 octubre , 2022

Autoridades deben atender brote en el penal de Ayutla

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  • * El Centro ‘José María Morelos’ informó que una mujer buscó su apoyo porque su hijo preso en ese centro de reclusión está “gravemente enfermo” con síntomas de coronavirus

Jesús Saavedra

El Centro de Derechos Humanos de Chilapa ‘José María Morelos’, hizo un llamado a las autoridades de Guerrero para que se atiendan las denuncias sobre un brote de COVID-19 dentro del penal de Ayutla de los Libres y que, ante el hacinamiento en los penales, se agilice la liberación de presos que puedan ser beneficiados con la Ley de Amnistía aprobada por la Cámara de Diputados federal.

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Este martes, esa organización no gubernamental informó que el pasado viernes, una mujer buscó su apoyo “pues desde hace varios días su hijo preso en el penal de Ayutla se encontraba gravemente enfermo y existían sospechas de que pudiera estar contagiado por el COVID-19, ya que varios presos también presentaban síntomas como fiebre y dificultades para respirar”.

Añadió que ese día pidieron la intervención del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, “para que de manera urgente se atendiera la salud de estas personas, petición que fue atendida de inmediato; asimismo y aprovechando que a partir de nuestra exitosa gestión para que el Ayuntamiento municipal otorgara apoyo con despensas alimenticias y kits de limpieza a 261 indígenas vendedores ambulantes en Ayutla”.

Señala en un escrito que ya falleció un interno del penal de Ayutla, en tanto que otros dos reos fueron trasladados a hospitales, uno a Ometepec y otro a Acapulco, “sin que hasta ahora se conozcan los resultados de los análisis realizados”.

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“Como defensoras y defensores de derechos humanos, independientemente de que llevamos la defensa de dos presos, uno en el penal de Ayutla y otro en el penal de Coyuca de Catalán, manifestamos nuestra preocupación por este sector de la población, ya que por el hacinamiento en que viven en todos los penales de Guerrero el contagio puede generar motines y el exterminio total de presos”, añade esa ONG.

En ese sentido, hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero “para que estén pendientes de que se garanticen los derechos a la salud y a la vida, y a las autoridades estatales y federales los conminamos a implementar todas las formas posibles para la excarcelación”.

Considera que para solucionar el hacinamiento en los penales, debería haber un programa especial de excarcelación para quienes “no hayan cometido delito graves, aquellos cuyo proceso lleve más del tiempo estipulado para dictar una sentencia, que se tome en cuenta el comportamiento observado durante el tiempo de reclusión, quienes hayan cumplido o estén por cumplir el 50 por ciento de su sentencia, quienes padezcan enfermedades crónicas y que los hagan vulnerables al contagio, presos mayores de 50 años”.

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Recuerda que hay una recomendación en la materia de parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet Jeria “en el tema relativo al riesgo de las personas en reclusión penitenciaria; así mismo el Estado Mexicano cumpliría con los compromisos contraídos con las Instancias internacionales”.

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