- * Exigen que reformen el Código Penal del Estado que elimina la denuncia ante el MP como requisito para la interrupción del embarazo a mujeres víctimas de violación
Gilberto Guzmán
Dirigentes de organizaciones feministas irrumpieron en la sesión del Congreso del Estado para reclamar a los diputados que retiraran del orden del día la discusión de la iniciativa de reforma al artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero para legalizar el aborto cuando el embarazo sea producto de una violación, sin tener que presentar denuncia ante el Ministerio Público.
La iniciativa estaba programada para presentarse en la sesión de este martes, pero de última hora el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de los diputados de Morena, Jesús Villanueva Vega, instruyó su retiro porque sólo la firmaron nueve de 22 legisladores morenistas, y la idea es que se presentara de manera conjunta.
Hasta este día, la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo en casos de violación sólo tiene el respaldo de las diputadas Norma Otilia Hernández Martínez, Mariana García Guillén, Nilsan Hilario Mendoza, Blanca Armenta Piza, y de los diputados Arturo Martínez Núñez, Marco Antonio Cabada Arias, Luis Enrique Ríos Saucedo, Aristóteles Arroyo y Moisés Reyes Sandoval.
Saquen sus rosarios…
Y cuando el diputado de Morena, Marco Antonio Cabada Arias, terminaba de presentar una iniciativa para que a los trabajadores se les informe de los beneficios de la llamada reforma laboral, desde el segundo nivel de las galerías del Congreso, el grupo de feministas interrumpieron con gritos.
“Diputados, entiendan, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus doctrinas de nuestras vaginas; ocho, nueve, diez, seguimos de pie; si no hay aprobación, habrá revolución; si no hay aprobación, habrá revolución”, gritaron desde la gradas.
Arremetieron contra el diputado Servando Salgado Guzmán, que llegó al cargo por el PT, al cual renunció y se fue a Morena, de donde después lo expulsaron y se declaró independiente, y que públicamente se asume como “el diputado de la iglesia”, que defiende a la familia y se opone a iniciativas que reconocen el aborto legal y la unión entre parejas del mismo sexo.
“Servando, machista, te tenemos en la lista; Servando, machista, te tenemos en la lista; Servando, machista, te tenemos en la lista”, gritaron repetidamente las mujeres.
Nervioso, el presidente de la Mesa Directiva, Alberto Catalán Bastida, exigió a las manifestantes que abandonaran el recinto: “Les solicito, por favor, a las personas que se encuentran allá arriba, por favor pueden retirarse del recinto si es que no pueden estar…”, pero fue interrumpido a gritos por la activista María Luisa Garfias Marín quien dijo: “les recordamos que ustedes no representan a las iglesias, ustedes representan al pueblo y por eso están aquí”.
Eliminar denuncia para acceder a la ILE
Al salir de la zona de galerías, en una improvisada conferencia de prensa, la activista Lourdes Juárez Díaz, del Observatorio de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero y de la Red de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, explicó que el Instituto Nacional de las Mujeres les dio a los diputados locales un plazo de seis meses para que atendieran una serie de recomendaciones, entre ellas la de aprobar la reforma al Código Penal del Estado para homologarlo con el federal y permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Dijo que el plazo venció el pasado 20 de diciembre y el Congreso de Guerrero lleva por lo menos dos meses sin atender este tema. “Vemos una lentitud por parte del Legislativo para hacer su trabajo (…) hasta el momento sabemos que solamente nueve legisladores están a favor, de 22”, acusó.
Evelia Estela Catalán Casiano, secretaria de Acción Femenil del STAUAG e integrante de la Colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO), pidió a los diputados que sean conscientes de que la interrupción legal del Embarazo es un derecho que está reconocido por la ONU, un derecho humano a la salud de las mujeres.
“Recordemos que las estadísticas que se manejan es que hay muertes maternas porque recurren a los abortos clandestinos, entonces es importante que las mujeres podamos acceder a este derecho a la salud, y que también preservemos nuestra vida”.
Explicó que el ser mamá es un derecho y a ninguna mujer se le puede forzar a serlo: “y las mujeres que dicen no estar de acuerdo también es muy respetable, pero esta iniciativa y esta exigencia a tener el acceso a la interrupción legal del embarazo es por todas aquellas mujeres que han sido violadas y que quedan embarazadas”.
Advirtió que “las niñas son las más vulnerables, porque a las niñas las hacen parir de 11, 12, 13, 14 años, a esa edad una niña no decide ser madre, la están obligando a ser madre porque las leyes tampoco le permiten tomar decisiones a ella”.
Expuso que la Norma 046 establece que una mujer que es violada puede acudir a una institución de salud y con solo informar que fue violada, se le tiene que practicar la ILE sin necesidad de que vaya al MP, mientras el artículo 159 del Código Penal de Guerrero exige que primero debe denunciar la violación ante el MP, y después de hacer la investigación, la autoridad determinará que se le practique el aborto.
Las activistas señalaron a la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la morenista Érika Valencia Cardona, de no conocer los temas sobre los cuales le toca trabajar, porque desde hace más de dos años ha declarado que se realizarán foros para conocer la postura de la gente sobre la ILE, pero “los derechos humanos no se llevan a consulta”.
María Luisa Garfias, de Feministas en Red y Aliadas por la Justicia, aclaró que aunque se reforme el artículo 159 del Código Penal del Estado para homologarse a la Norma 046, “no obliga a la mujer violada a una interrupción del embarazo, es una decisión para facilitarle el acceso a la salud de manera inmediata a las víctimas que fueron atacadas sexualmente y quedaron embarazadas”.
Apuntó que actualmente el artículo 159 del Código Penal establece que una mujer puede interrumpir su embarazo cuando es resultado de una violación sexual, pero se busca quitar la traba de que los servicios de Salud tengan que exigir la autorización del Ministerio Público, donde la burocracia retrasa los trámites y en estos casos el tiempo es vital.
Asistieron también las activistas Liduvina Gallardo y Emma Cerón, representantes de la Red de Jóvenes (Redefine) y de la Colectiva Yo Sí Te Creo, Compañera, entre otras.