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lunes, 17 enero , 2022

Diputada del PT propone tipificar como un delito el matrimonio de menores

La funcionaria Leticia Mosso Hernández indicó que en Guerrero persiste la venta de niñas para matrimonio en municipios como Tlacoachistlahuaca, donde niñas y adolescentes son vendidas por cantidades de entre 50 mil a 250 mil pesos para casarse con hombres mayores.

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  • * De dos a seis años de prisión, entre las sanciones contra quien autorice un enlace de ese tipo, platea

Gilberto Guzmán

La diputada Leticia Mosso Hernández, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Guerrero para tipificar el delito de “matrimonio ilícito”, con penas de dos a seis años de prisión y de cien a ochocientos días multa contra cualquier autoridad que autorice el enlace matrimonial de una persona menor de 18 años.

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En la sesión de este martes expuso que por la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las entidades federativas prohíben el matrimonio antes de los 18 años de edad.

Sin embargo, el Informe Anual de UNICEF 2017 señala que 23.6% de las mujeres en México se han casado o viven en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad.

Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son los tres estados de la República mexicana con mayor porcentaje de matrimonio infantil con 44.82%, 42.41% y 39.17%, respectivamente, y aproximadamente 15% de las mujeres jóvenes entre 15 y 19 años está casada.

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Señaló que el 3 de junio del 2019 se reformó el artículo 148 del Código Civil Federal, que establece como requisito para contraer matrimonio haber cumplido dieciocho años de edad, y que en Guerrero se reformaron los artículos 412 y 417 del Código Civil también para prohibir el matrimonio con menores de 18 años.

“Sin embargo, ello no ha sido suficiente ya que en comunidades del Estado de Guerrero se siguen presentando casos donde los padres o tutores venden a sus hijas bajo el amparo de la figura del matrimonio con el argumento de que se rigen por sus usos y costumbres”, subrayó la diputada.

Y aunque el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que las comunidades indígenas podrán regirse con sus propios sistemas normativos, no pueden estar por encima de la Constitución Federal, la cual prevé diversos derechos privilegiando el interés superior de la niñez y adolescencia.

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Informó que en noviembre del 2019, autoridades de la comunidad de Juquila, en al municipio de Metlatónoc, firmaron un acuerdo para prohibir la venta de niñas durante los próximos 200 años, ya que las vendían hasta en 200 mil pesos, siempre y cuando no hubieran llegado a la menstruación.

En el acta firmada frente a la Fundación “Yo quiero, yo puedo”, dijeron que si los pobladores incumplen podrá sancionarse con una multa de hasta 195 días de salario mínimo vigente en el momento de cometer el acto.

“La venta de niñas en Metlatónoc es considerada como violencia de género. La organización “Yo quiero, yo puedo” se ha dedicado a tareas de sensibilización, logrando así que 13 comunidades echaran abajo dicha práctica”.

Indicó que en Guerrero persiste la venta de niñas para matrimonio en municipios como Tlacoachistlahuaca, donde niñas y adolescentes son vendidas por cantidades de entre 50 mil a 250 mil pesos para casarse con hombres mayores, desconocidos o para para saldar deudas que contrajeron sus padres, y que esa práctica se replica en comunidades indígenas de la Sierra, Costa y Montaña de Guerrero.

“Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión que prohíben los matrimonios de menores son letra muerta. Es más, aquí los propios jueces civiles, alcaldes o comisariados ejidales son testigos de la negociación que en ocasiones no sólo es dinero en efectivo, porque la boda puede negociarse a cambio de ganado, guajolotes, un terreno o cartones de cervezas”, advirtió la diputada.

Es por ello que la iniciativa plantea adicionar el Capítulo III Del Matrimonio Ilícito de Menores y el artículo 215 Bis del Código Penal para el Estado de Guerrero:

“Capítulo III. Del Matrimonio Ilícito de Menores. Artículo 215 Bis: Se impondrá pena de dos a seis años de prisión y de cien a ochocientos días multa, al Oficial del Registro Civil o cualquier otra autoridad que autorice el matrimonio con una persona menor de 18 años”.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para el trámite legislativo correspondiente.

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