• * Encabezados por la abogada Teodomira Rosales, vinieron de Chilapa para manifestare en las oficinas de esa comisión en Chilpancingo

Jesús Saavedra

Miembros del Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas protestaron en las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), en Chilpancingo, para exigir que se aumente el apoyo a la canasta básica que se les entrega mensualmente, de 2 mil pesos a 4 mil pesos, como lo hace el gobierno federal.

Este jueves, representantes de 39 familias de ese Colectivo provenientes de pueblos indígenas de Chilapa y Zitlala viajaron a esta capital para realizar una protesta en las oficinas del CEEAV, que se ubican en la calle Gabriel Leyva, de la colonia Burócratas, a un costado de las instalaciones del INDEG, al sur de esta ciudad.

Teodomira Rosales Sierra, abogada de esas familias, informó que desde diciembre pasado acordaron revisar el apoyo mensual para la canasta básica que les entregan a esas 39 familias, las que en el 2017 recibían mil 200 pesos mensuales y en 2018 se les incrementó a 2 mil pesos mensuales, pero la demanda es que el monto mensual este año sea de 4 mil pesos, como el que entrega el gobierno federal.

El titular de la CEEAV, Luis Camacho Mancilla, informó que el Congreso del Estado aprobó para este año un Fondo de Atención a Víctimas 15 millones de pesos, con los que se atiende con una canasta básica a 436 personas que están inscritas en ese Fondo, lo que representa una erogación de 10 millones de pesos anuales.
Indicó que mes con mes va aumentando el número de personas que necesitan canasta alimentaria, y “presupuestalmente es inviable” conceder el aumento que demandan, les dijo a las familias de que manifestaron ayer.

“Necesitaríamos un presupuesto de 22 millones de pesos y cancelar una partida destinada a gastos funerarios, paisajes y lo más delicado es el de cerrar el padrón de víctimas, ya no aceptar a ninguna persona más”, por lo que les pidió que analizarán bien su petición.
Rosales Sierra pidió además que Camacho Mancilla cumpla el compromiso con el padre de 3 muchachos que fueron desaparecidos y posteriormente encontrados asesinados, porque se había comprometido desde diciembre a gestionar el acta de defunción para gestiones personales de este padre de familia.

La activista señaló que además está pendiente la gestión de organizar una reunión con el delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y otra con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para analizar el despliegue de brigadas médicas que se están solicitando desde hace 2 años en comunidades indígenas de Chilapa y de Zitlala.

Se quejaron además que no les han solucionado la petición de becas especiales para hijos de víctimas la violencia, no han pagado la cobertura de traslado y medicamento a víctimas de esas 39 familias de esos dos municipios de la Montaña baja de la entidad.

Rosales Sierra agregó que 9 familias de ese Colectivo que han encontrado a sus familiares desaparecidos están solicitando la reparación del daño como establece la ley de Víctimas, además que están pidiendo un respaldo para 4 familias desplazadas y 3 más que se encuentran “en alto riesgo, y estamos pensando en desplazarlas a otro lugar diferente al municipio de Atlixtac donde se encuentran en peligro”.