• * El 11 de noviembre de 2018, unos 2 mil comunitarios de Heliodoro Castillo y de otros municipios lanzaron una ofensiva armada para tomar control de ese y otros pueblos de Leonardo Bravo
  • * Esa acción provocó que cientos de familias de ese municipio tuvieran que dejar sus hogares y se refugiaran en Chichihualco, donde muchas permanecen hasta ahora

Jesús Saavedra

Este lunes se cumple un año de que la policía comunitaria de Tlacotepec —con el apoyo de otros grupos de civiles armados de otros municipios— irrumpió violentamente en la comunidad de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, y tomó el control del corredor de la carretera estatal que comunica con Chilpancingo, provocando el desplazamiento de centenares de familias que vivían en una docena de localidades de esa zona de la Sierra.

El 11 de noviembre del año pasado unos 2 mil hombres armados de provenientes de Tlacotepec, respaldados por comunitarios de Apaxtla y Teloloapan, lanzaron una ofensiva armada para hacerse del control de ese estratégico poblado que se encuentra de paso en la carretera estatal Tlacotepec-Chilpancingo.

Filo de Caballos se había convertido en el principal centro de operaciones de otro grupo armado que mantenía el control de ese corredor carretero, en donde se encuentran otras localidades de Leonardo Bravo como Campo de Aviación, Los Morros, Cruz de Iyotla, Tres Cruces, entre otras.

En septiembre de 2018 en Tlacotepec se anunció la conformación de la policía comunitaria encabezada por Humberto Moreno Catalán e Salvador Alanís, quienes advertían que si las autoridades de los tres niveles de gobierno no asumían el control de seguridad en el corredor de Filo de Caballos, ellos iban a intervenir de manera directa.

Esta advertencia la cumplieron en las primeras horas del domingo 11 de noviembre siguiente, cuando al menos 2 mil hombres armados iniciaron la ofensiva armada en esa comunidad, donde encontraron resistencia y se generó una confrontación de unas 8 horas, hasta que replegaron a los hombres que mantenían el control de Filo de Caballos, aunque las autoridades reportaron que no hubo ninguna persona muerta.

Al otro día, un grupo de reporteros acudió a esa población y constató que varios civiles armados habían perdido la vida, incluso se encontró el cuerpo de uno de ellos en la parte posterior de una vivienda donde se encuentra una huerta de aguacates.

En ese lugar, Humberto Moreno Catalán indicó que hubo al menos 7 muertos, una docena de heridos, dos casas incendiadas, varias casas tiroteadas, automóviles baleados e incendiados, en una población que sufrió varias horas en la angustia y el miedo de ser víctimas de la balacera.

Debido a la violencia, más de 700 personas decidieron huir de una docena de comunidades y acudieron a buscar refugio temporal a la cabecera municipal de Chichihualco en donde les dieron asilo en el auditorio municipal donde recibieron cobijas, colchonetas y despensas para poder vivir de manera temporal.

Los desplazados exigieron al gobierno federal y estatal que hubiera condiciones de seguridad para su retorno, hasta febrero pasado decidieron realizar un plantón de 38 días frente a Palacio Nacional donde pudieron obtener el acuerdo de que les entregarían un apoyo económico mensual de 5 mil pesos para la renta de vivienda y despensa.

La mayoría de las familias desplazadas decidió emigrar de Chichihualco a otras zonas de la entidad, a otros estados e incluso algunos buscaron de manera fallida asilo en los Estados Unidos, donde buscaban obtener una visa humanitaria que les ha sido negada como el caso de Francisco Pacheco González, quien fue durante mucho tiempo el vocero de esas familias desplazadas.

Esas familias desplazadas están demandando al gobierno federal que encabeza, Andrés Manuel López Obrador que “repliegue al grupo armado que nos desplazó y que están viviendo en nuestros hogares; pedimos que se instale un perímetro de seguridad para nuestro regreso a nuestros hogares”.

Demandan además que el Ejército o la Guardia Nacional se haga cargo de la seguridad en la carretera Tlacotepec-Chilpancingo y que haya retenes de seguridad en el tramo Casa Verde-Corralitos, Corralitos-Polixtepec y Polixtepec-Puentecillas; piden además el derecho a la salud, educación y empleo, además de la restitución de sus bienes perdidos a consecuencia de esa irrupción armada.

Por esa situación este lunes las familias desplazadas que aún viven en Chichihualco han anunciado la realización de una marcha, una misa y una conferencia de prensa para hacer una evaluación y fijar una postura en torno a este primer año que cumplen de haber sido desplazados de sus hogares.

En esta actividad también estarán las familias desplazadas de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala quienes el 1 y 2 de noviembre del año pasado decidieron abandonar su comunidad luego del ultimátum que les dio el grupo armado que controla esa localidad y decidieron irse a refugiar a la cabecera municipal de Copalillo.