- * Representantes de pueblos de 8 municipios expresaron su respaldo a comisarios que están acusados del secuestro de una persona que tienen detenida y sujeta a reeducación, en Ayutla
Jesús Saavedra
Unos 250 comisarios de 8 municipios que respaldan el sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), marcharon este jueves en Chilpancingo para exigir la abrogación de las reformas legislativas que consideran “atentan” contra los derechos en materia de Derechos y Cultura Indígena, aprobadas por la anterior legislatura del Congreso del Estado.
En la marcha también protestaron contra resolutivos de jueces de Distrito que, aseguran, están “amparando a delincuentes que están siendo sometidos al sistema de justicia de reeducación y que están legítimamente reconocidos internacionalmente”.
Este jueves fueron convocados los comisarios de más de 250 comunidades de 8 municipios de la Montaña y Costa Chica para realizar esta marcha, que inició en el Mercado central de esta capital, cuya principal exigencia es que sean abrogadas las reformas constitucionales que aprobaron los diputados locales de la anterior Legislatura.
Durante la marcha los comisarios recordaron que antes de concluir su mandato, la pasada Legislatura aprobó una iniciativa de reformas constitucionales enviadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores, en las que se modificó el artículo 14 constitucional y se “desconoce” a la policía comunitaria, además de que en la Ley 701 sobre Derechos y Cultura Indígena se “borran” el reconocimiento y el derecho “ganado desde hace más de 25 años”.
Indicaron que por esta situación han interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde esperan que declaren inconstitucional esas reformas aprobadas en detrimento de sus derechos indígenas.
La marcha inició en la avenida Insurgentes, pasó por calles del centro de la ciudad, por el monumento a Las Banderas, por el puente elevado que cruza el bulevar Vicente Guerrero y se dirigió por la lateral del bulevar hacia el sur.
El contingente se detuvo frente a los juzgados de Distrito que se encuentran adelante del museo La Avispa. Ahí intervinieron representantes de las casas de justicia El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; Las Juntas, del municipio de Acatepec; Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y de San Luis Acatlán, quienes aseveraron que hay la intención de “criminalizar la impartición de justicia comunitaria en Guerrero”.
En ese sitio denunciaron que el 8 de octubre pasado recibieron una notificación de José Artemio Navarrete Sánchez, quien es Juez Segundo de Distrito, en la cual resuelve el incidente de suspensión 762/2019 que se tramita dentro del amparo número 762/2019 promovido por Teodoro Crisóforo Jiménez, vecino y del poblado El Coyul, municipio de Ayutla, quien está sujeto a proceso en el sistema de justicia comunitario por el delito de homicidio calificado.
En la resolución, el juez establece además una multa de 190 mil pesos a los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, a los comisarios de esta comunidad y al de El Coyul, y ordenan al Ministerio Público Federal iniciar carpetas de investigación por el delito de desacato y privación de la libertad personal de Teodoro Crisóforo Jiménez.
Además ordena al Ministerio Público del Fuero Común en Ayutla de los Libres y al Federal con sede en Acapulco, iniciar las correspondientes Carpetas de Investigación por los delitos de Privación de Libertad y Desacato a una orden Judicial Federal; ordena también al gobernador Héctor Astudillo Flores y al fiscal Zuriel de los Santos Barrilla “hacer los actos y operativos necesarios para que los coordinadores y comisarios pongan en libertad al detenido”.
Por esa resolución, los comisarios protestaron afuera de los juzgados federales, donde el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, Abel Barrera Hernández, dijo que el Poder Judicial “está para proteger los derechos de la gente más olvidada, deben tomar en cuenta los tratados internacionales se tiene que garantizar una adecuada impartición de justicia pero discriminan a los pueblos indígenas”.
Barrera Hernández aseveró que con esas resoluciones judiciales están “negando los derechos conquistados por la policía comunitaria y este sistema de justicia desde hace 25 años, en los pueblos lo que se busca es que no haya más impunidad a quien comete delitos. Exigimos no más criminalización de la justicia comunitaria”, exigió.
La marcha continuó rumbo al encauzamiento del río Huacapa hasta que llegó al Congreso del Estado, en donde realizaron un mitin e iniciaron un diálogo con los diputados locales Heriberto Huicochea Vázquez, del PRI, y Arturo López Sugía, de Movimiento Ciudadano.
En ese lugar, antes de ingresar a la reunión con los legisladores, los manifestantes indicaron que las resoluciones judiciales se derivan de las reformas que aprobaron en la legislatura pasada a iniciativa del gobernador Héctor Astudillo Flores, que “desconocen el artículo 14 de la Constitución que ha sido borrado de tajo y donde se reconocía a la policía comunitaria como una institución de seguridad pública”, señaló Abel Barrera.
El activista agregó que también en ese paquete de reformas se eliminaron los derechos que habían obtenido en la Ley 701 de sobre Derechos y Cultura Indígena, por lo que están realizando esta lucha jurídica para que se declaren inconstitucionales por la SCJN.