Coordinada por el Instituto del Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, la regularización de la mariguana y sus derivados, como el cáñamo, contribuirá a abatir el hambre, garantizar una vida saludable y fomentar el crecimiento económico, al permitir el consumo individual y en asociaciones y espacios cerrados, con derecho a poseer hasta cuatro plantas por persona.

Este nuevo instituto será el encargado de “implementar medidas afirmativas en el otorgamiento de licencias, a fin de procurar la incorporación al mercado lícito de las personas y comunidades que se hayan visto afectadas desproporcionadamente por la prohibición”.

Por una coincidencia involuntaria, la madrugada de este viernes la Comisión de Justicia del Senado de la República distribuyó el proyecto de dictamen para legalizar el consumo de la mariguana, en el contexto de la crisis vivida en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por el enfrentamiento de civiles armados, integrantes de uno de los cárteles de la droga más antiguos, con elementos militares.

El proyecto de dictamen establece que autorizará almacenar, aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, fumar, importar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer; preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender y adquirir la cannabis sicoactivo y sus derivados, así como el cáñamo.

La propuesta de Ley establece que se autoriza la cannabis para uso lúdico o recreativo; para uso personal o consumo propio; para uso compartido entre quienes integren Asociaciones de consumo; para uso comercial para fines lúdicos o recreativos de personas adultas.

También para el uso científico y de investigación en las áreas médica o farmacéutica, terapéutica o paliativa e industrial y para el uso médico o farmacéutico, terapéutico o paliativo y para uso industrial.

La propuesta, que será discutida en las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda a partir de la próxima semana, crea el Instituto del Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, que será un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Este Instituto será el rector de la política de cannabis, por lo que entre sus facultades estará otorgar, modificar, renovar, suspender o revocar licencias; establecer la regulación que precisará los procedimientos y características del otorgamiento de las licencias o autorizaciones reguladas por la ley, así como sus prórrogas y revocaciones.

Será el encargado de incorporar al mercado lícito a las personas que ahora forman parte de esta cadena de producción, venta y consumo.

Legalizar la mariguana plenamente, dice el proyecto de dictamen, “fomentará el desarrollo sostenible, por ende, las políticas, planes, lineamientos y programas empleados por el Estado se concentrarán en la seguridad, prosperidad y bienestar con el propósito de contribuir a la disminución o erradicación de la pobreza; la erradicación del hambre, seguridad alimentaria, mejora en la nutrición y promoción de agricultura sostenible.

“Garantizar una vida saludable y promover el bienestar de todas las personas; la educación inclusiva y equitativa de calidad, con oportunidades de aprendizaje para todas las personas; la igualdad de género y empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes (…) el trabajo decente, pleno, productivo y crecimiento económico sostenible”, dice.