* El presidente de la Comisión de la Verdad y la Justicia criticó que se “interprete la ley mecánicamente” por parte de los juzgadores

Un juez federal del estado de Tamaulipas ordenó este sábado la liberación de otros dos presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

El Juez primero de distrito de procesos penales federales de Tamaulipas ordenó la liberación inmediata de ambos sospechosos luego de que no se les pudo procesar por los delitos de delincuencia organizada y tampoco por desaparición forzada.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, quien había anticipado la posible salida mostró su descontento en un mensaje en Twitter

‘Sabadazo, de nueva cuenta el órgano jurisdiccional radicado en Tamaulipas, otorgó el auto de libertad a dos implicados en el caso Ayotzinapa’, apuntó en su mensaje Encinas.

El juez señaló que con fecha 5 de octubre del año en curso, el órgano jurisdiccional radicado en Tamaulipas, comunicó el auto de libertad, por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, a favor de Carlos ‘C’ y Raúl ‘J’, probables implicados en la desaparición de los 43 estudiantes.

La Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotizinapa, que preside Encinas, lamentó que el sistema de impartición de justicia ‘interprete la ley mecánicamente, subordinando el derecho de las víctimas y renunciando a su mandato’.

En menos de un mes, el mismo juez ha liberado a 31 presuntos implicados, lo que significa que, de un total de 142 detenidos, solo quedan 62 bajo proceso que también podrían quedar en libertad.

La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías en el municipio de Iguala, Guerrero.

En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en Cocula —una localidad distante 17 kilómetros de la ciudad de Iguala— , según la versión oficial.

Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

Hace dos días, Encinas anunció que había pedido al Consejo de la judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigar la conducta del juez de Tamaulipas, quien podría haber incurrido en errores al liberar a estos detenidos bajo el argumento de ‘violencia injustificada’. (Con información de EFE).