* La legisladora Mariana García presentó una iniciativa para reformar el Código Fiscal del Estado a fin de sancionar con prisión a quienes expidan comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados
Carlos Navarrete
La diputada local por Morena, Mariana García Guillén, propuso una iniciativa de reforma al Código Fiscal del Estado para encuadrar como delito la expedición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, imponiendo castigos de hasta nueve años de cárcel a quien lo haga.
La iniciativa la presentó ayer en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, en la que expresó que una de las principales causas que afectan la recaudación fiscal son los llamados “esquemas agresivos de evasión fiscal”, dentro de los que se encuentran el tráfico o venta de comprobantes fiscales para justificar operaciones inexistentes.
“Actualmente está comprobado que muchos contribuyentes compran facturas, las deducen, situándolos como Empresas que Deducen Operaciones Simuladas y cuando la autoridad fiscal los detecta, les recompone su base para el cálculo de los impuestos (IVA e ISR) hecho que con el trascurso del tiempo les causa trastornos financieros significativos, esto mediante la determinación de créditos fiscales elevados, lo que daña su economía y los sitúa en eventos ilegales”, dijo.
Refirió además que no se da el mismo tratamiento a las empresas que facturan operaciones simuladas, ya que al momento de iniciar sus facultades de comprobación no las localiza, por lo que la autoridad los clasifica como contribuyentes no detectados y la única acción es su contra es boletinarlos en una “lista negra” que publica el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
García Guillén expresó que esa situación exige a los diputados propiciar una mejor impartición de justicia en las leyes fiscales, toda vez que tanto las empresas que facturan como las que deducen operaciones simuladas cometen el delito de evasión, simulación y defraudación fiscal, uno por vender y otro por comprar facturas apócrifas.
“Este fenómeno sin duda alguna tiene diversas causas, que van desde el simple desconocimiento de la normatividad fiscal, hasta un aspecto cultural arraigado en algunos contribuyentes, que está básicamente vinculado con la falta de concientización en el correcto pago de impuestos”, argumentó.
Dijo que otra de las causas de esta práctica es la falta de transparencia, opacidad, y “escándalos de corrupción” en el ejercicio o aplicación de recursos públicos por parte de las instituciones gubernamentales, y que están creadas para la prestación de servicios públicos a través de la ejecución de los planes y programas de gobierno.
“Esto significa que el contribuyente no se siente con la confianza de pagar adecuadamente sus contribuciones, al considerar que el destino final de los recursos recaudados por el fisco no se usan de forma correcta para el fin constitucional a que están destinados, dado que consideran que no se ven beneficiados con la prestación de servicios públicos de calidad, en ámbitos prioritarios como son seguridad, salud, educación, impartición de justicia, por señalar algunos”, explicó.
Por ello, la legisladora morenista propuso adicionar un artículo al Código Fiscal del Estado, a fin de establecer y encuadrar como delito fiscal la expedición o enajenación de comprobantes fiscales que ampren operaciones inexistentes, falsas o catos jurídicos simulados, y plantea un castigo de entre tres y nueve años de cárcel.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.