* El encuentro se realizó en las oficinas de la Secretaría de Gobernación y estuvieron presentes padres de los 43 y sus abogados
* Iñaki Blanco, exprocurador de Justicia, publicó un extenso informe sobre lo que dijo en esa reunión que encabezó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob
ROSARIO GARCÍA / ALONDRA GARCÍA
A unos meses de que se cumplan cinco años de los hechos violentos en Iguala, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado martes se reunió en la Ciudad de México los integrantes de la Comisión de la Verdad y Justicia, en donde están representados padres de los estudiantes, con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
En ese primer encuentro también estuvo presente el exprocurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, según confirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, mediante su cuenta de Twitter.
En su publicación, el funcionario federal indicó que el acercamiento formó parte de las acciones de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa encaminadas a descubrir lo que sucedió en Iguala la noche del 26 y mañana del 27 de septiembre del 2014.
Por su parte, el exprocurador Blanco Cabrera comentó que propuso a los integrantes de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa que sea citados todos los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero, incluidos los mandos del Ejército, la Marina, Policía Federal y Procuraduría General de la República, así como el secretario de Seguridad Pública estatal.
“Propuse que se llame a todos aquellos funcionarios que habían tenido algún grado de participación en los hechos en carácter de autoridad”, entre ellos, Leonardo Vázquez Pérez, titular de la SSP, así como los delegados de instituciones federales, para que informen cuál fue su función aquella noche.
La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Gobernación y duró más de tres horas, y en ella estuvieron el representante legal de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra; Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, y Miguel Álvarez Gándara, de “Serapaz”.
Iñaki Blanco dijo que en la reunión reiteró que la noche del 26 de septiembre de 2014, elementos de la Procuraduría rescataron a 68 estudiantes que estaban dispersos en la ciudad de Iguala y los resguardaron en la Fiscalía Regional de la zona Norte, como se menciona en los reportes respectivos, insistió.
Y recalcó que de no haber actuado de esa manera, posiblemente esos estudiantes también serían víctimas de desaparición.
Informe completo de Iñaki Blanco
Ayer, en su cuenta de Facebook, Iñaki Blanco publicó un informe completo de su participación en la reunión de la Comisión de la Verdad y la Justicia.
Dijo que en su exposición informó que la PGJE a su cargo investigaba a la organización delictiva Guerreros Unidos “desde meses antes de lo ocurrido en Iguala”.
Dichas investigaciones se realizaban “en estrecha colaboración” con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), siendo la instancia generadora y de intercambio permanente de información.
Dicha información consistió, entre otras cosas, en nombres y posibles domicilios de algunos integrantes del cártel Guerreros Unidos, entre ellos autoridades municipales, operadores o líderes, sus números telefónicos, hallazgo de fosas clandestinas y de un narcolaboratorio.
También compartieron información sobre exhumación de osamentas y declaraciones de testigos.
Además existió coordinación con el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con la Policía Federal y con el Ejército.
De todo ello se informó de manera puntual al Grupo de Coordinación Guerrero.
Blanco Cabrera aseveró que la noche del 26 y las primeras horas del 27 septiembre de 2014, actuó con inmediatez en la atención del asunto. “A mi llegada a la ciudad de Iguala, instruí al personal policial ministerial que se diera a la tarea de buscar y resguardar en las instalaciones de la Fiscalía Regional a estudiantes dispersos, que huían o se escondían de sus agresores, habiendo logrado rescatar a poco más de 60, tal como consta en el respectivo reporte de incidencias”, relató.
Asimismo, señaló que entre las acciones que se implementaron al conocer de la agresión contra los normalistas destaca el intercambio de información con instancias o funcionarios públicos federales y estatales, como el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el delegado de la Procuraduría General de la República, el encargado de la Coordinación de la Policía Federal y mandos de la Novena Región Militar.
Recordó que la representación social estatal intervino tras conocer sobre lo ocurrido en Iguala, alrededor de las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014.
Dicha situación fue reportada cuando un médico de guardia del Hospital General Doctor Jorge Soberón Acevedo, de Iguala, dio parte al agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Hidalgo del ingreso de tres personas lesionadas, una de ellas en calidad de desconocida, por lo que se radicó el expediente respectivo.
“Fue hasta poco antes de esa hora que se me hizo saber por vía telefónica que se había suscitado un enfrentamiento en la referida ciudad, en la que al parecer, estaban involucrados estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La institución ministerial no era parte del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), por lo que no contó con información en tiempo real”, apuntó.
A pesar del desfase en la información, destacó las tareas de rescate y resguardo de más de 60 estudiantes que huían o se encontraban escondidos, en un intento por ponerse a salvo de los elementos de la policía municipal que los agredieron, tal como lo constató personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
También subrayó las acciones que llevaron a determinar la identidad, en un primer momento, de 22 agentes de dicha corporación en calidad de probables responsables de los hechos, entre los cuales sobresale el trabajo pericial (pruebas de Harrison y Lunge) que permitió concluir que los citados sujetos accionaron sus armas contra los normalistas y que existían correspondencias entre algunos de los elementos balísticos encontrados en los distintos lugares de los hechos y algunas de las armas de cargo de los policías.
Blanco Cabrera resaltó lo relativo a la manifestación llevada a cabo por un grupo de transportistas y “policías comunitarios” que en actitud hostil, la tarde del 27 de septiembre exigieron a la Fiscalía General que se liberara al total de los policías municipales que fueron presentados en las instalaciones del cuartel de la Policía Estatal, por lo que a fin de evitar un enfrentamiento, la autoridad ministerial determinó la retención y el traslado de 22 de dichos elementos a la ciudad de Acapulco para su posterior consignación.
Asimismo, apuntó que como resultado de los trabajos de la Fiscalía General, el 3 de octubre se obtuvieron señalamientos por parte de servidores públicos del ayuntamiento de Iguala en contra de Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, en el sentido de que fue éste quien ordenó la detención de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que se procedió a elaborar su consignación.
Recordó que la PGJE solicitó y obtuvo de la autoridad judicial orden de cateo para ingresar a distintos domicilios, entre ellos el del expresidente municipal José Luis Abarca, y obtener indicios, huellas o instrumentos de delito que permitieran robustecer las líneas de investigación con que contaba, lo cual trajo consigo la detención de Luis Alberto José Gaspar, El Tongo; Honorio Antúnez Osorio, El Patachín; Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, todos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes aportaron datos relevantes por cuanto hace a la mecánica de los hechos acontecidos en Iguala.
A partir de ahí, en los días siguientes la PGJE amplió el ejercicio de la acción penal contra 11 personas, lo cual dio un total de 33 personas consignadas, destacando entre ellas el expresidente municipal José Luis Abarca y el exsecretario de Seguridad Pública Felipe Flores Velázquez.
El ex procurador de justicia subrayó que el 1 de octubre de 2014 la PGJE solicitó la comparecencia de José Luis Abarca Velázquez, entonces presidente municipal de Iguala, a efecto de que declarara respecto a los hechos acontecidos en esa localidad los días 26 y 27 de septiembre, sin que se hubiese atendido tal prevención, por lo que se giró la orden de localización y presentación respectiva.
Aclaró que el mandamiento ministerial no tenía, en modo alguno, el alcance de privar de la libertad al alcalde porque hasta esa fecha no existían señalamientos directos para establecer si tuvo algún grado de participación en la agresión perpetrada contra los normalistas y porque gozaba de fuero constitucional.
Por ello, la PGJE presentó y ratificó solicitud de declaración de procedencia ante el Congreso estatal, al igual que juicio de revocación de mandato, en contra del alcalde Abarca Velázquez.
Una vez que se determinó procedente, se notificó tal resolución al Ministerio Público y se solicitó orden de aprehensión en contra del alcalde en calidad de probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
La orden de aprehensión fue emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo y cumplimentado días después.
Blanco Cabrera subrayó que derivado de las investigaciones de la PGJE se conoció el nombre de 25 sujetos que conformaban el grupo de reacción inmediata de la policía municipal de Iguala, conocido como Los Bélicos, lo que da un aproximado de 60 personas identificadas como implicadas en carácter de responsables de los hechos de los más de cien que hoy están sujetas a proceso.
Destacó que hasta ahora no existen señalamientos certeros o contundentes en el sentido de que personal de la PGJE haya prestado algún tipo de auxilio a los grupos criminales implicados en los hechos.
Por último, mencionó que en las tareas de búsqueda de los estudiantes por parte de la PGJE intervinieron de manera coordinada la PGR, Policía Federal, Ejército, Marina y Policía Estatal.
El ex procurador destacó que fue hasta el 28 de septiembre que se interpuso una denuncia por desaparición de personas, en agravio de 57 estudiantes de Ayotzinapa, y que no obstante ello, la Fiscalía General ya había iniciado un acta circunstanciada sobre el tema, por lo que se instrumentaron las tareas de búsqueda correspondientes.
Fue hasta el 30 de septiembre se tuvo el número exacto de normalistas desaparecidos y que hubo dificultad para reconocer el cuerpo de Julio César Ramírez Nava, así como un nombre estaba duplicado en la lista de los 57 estudiantes.
Blanco Cabrera recordó que rindió declaración ministerial ante la PGR en el momento en que fue requerido y que compareció en tres ocasiones ante las Comisiones Legislativas creadas a nivel estatal y federal para el seguimiento del caso Iguala, a pesar de que en la última de las mismas ya no era servidor público y no existía imperativo legal para ello.
Además, destacó que la PGJE en colaboración con la Policía Federal detuvo a casi 100 integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos a varios de sus líderes o cabezas visibles y que se dio a conocer información oficial sobre el tema en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional región centro, celebrada a principios de septiembre de 2014, en la Ciudad de México.
Blanco Cabrera subrayó que en poco más de un año que estuvo al frente de la PGJE, se detuvo a 403 secuestradores, siendo ésta la cifra más alta alcanzada en ese entonces a nivel nacional y en la historia del estado de Guerrero.
Como consecuencia de ello se desmantelaron 70 bandas dedicadas a la comisión de dicho ilícito, conformadas por integrantes de distintas organizaciones delictivas, entre estas Los Rojos, Guerreros Unidos y Los Ardillos.
El desmantelamiento de todas esas organizaciones trajo como consecuencia una disminución significativa en la comisión del ilícito de secuestro en los años más recientes en el estado de Guerrero.