Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado envió a las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, una propuesta de acuerdo parlamentario para exhortar al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a resolver la falta de recursos que impiden seguir pagando salarios a 5,743 profesores del estado de Guerrero no incorporados al Fone (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo), cuyas quincenas a partir de marzo están en riesgo.
La propuesta fue presentada por el diputado Jorge Salgado Parra (PRI), quien señaló que en mayo de 1992 el gobierno federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firmaron el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica mediante el cual se transfirieron a las entidades federativas los trabajadores de educación básica y normal, los bienes muebles e inmuebles, así como el presupuesto para el pago de nómina y operación.
Ante esta situación, Jorge Salgado dijo que es necesario que tanto la SEG, la SEP y Hacienda federal, atiendan la problemática y para ello se coordinen con los diputados federales.
La propuesta de acuerdo parlamentario también plantea que se destine un recurso adicional para financiar el programa de estímulo a la jubilación, con el fin de liberar plazas para regularizar a trabajadores que no están incorporados al Fone, y de esa manera tengan prestaciones laborales y se les reconozca su antigüedad real.
El debate
En el debate, el presidente de la Comisión de Educación, Ricardo Castillo Peña, profesor jubilado, acusó que el problema en el sector educativo creció porque los gobiernos estatales anteriores permitieron la permanencia de profesores cuyas plazas fueron creadas sin garantizar el techo o soporte presupuestal requerido.
Propuso que para conocer cómo se ha operado el pago de plazas sin reconocimiento oficial deben comparecer los titulares de la SEG, Arturo Salgado Urióstegui y de la Secretaría de Finanzas, Tulio Samuel Pérez Calvo.
Señaló que en el manejo de las plazas no incorporadas al FONE existen actos de corrupción y para esclarecer la situación se debe aplicar una auditoría, por lo cual se debía incluir en el punto de acuerdo.
Indicó que el problema no es nuevo, pero se ha venido solapando y promoviendo desde entonces por las administraciones anteriores del gobierno del estado, hasta convertirse en una situación totalmente insostenible.
Agregó que el problema se tiene que resolver con la participación de los gobiernos estatal y federal en el ámbito de sus respectivas competencias, y que no se puede dejar de señalar que el problema tiene su origen en una equivocada política de atención a las demandas laborales del magisterio que impulsaron los gobiernos estatales y federales en turno, dando lugar a un grave deterioro de un sistema educativo desde aquel entonces destinado al fracaso.
Apuntó que como consecuencia de los ajustes financieros en el sector educativo que ha realizado el gobierno federal en los últimos años, Guerrero es de las tres entidades que más recortes ha sufrido.
El diputado del PRD Bernardo Ortega Jiménez subió a tribuna para responder a Ricardo Castillo que se estaba desvirtuando la propuesta original, pues no está en contra de que se cite a comparecer a los funcionarios, pero podían manejarse como parte de otro punto de acuerdo.
El coordinador de los diputados del PRI, Héctor Apreza Patrón, también intervino para señalar que antes de citar a comparecer a los titulares de la SEG y de Finanzas, se debe realizar una mesa de trabajo con funcionarios federales y estatales que tengan competencia en la solución del problema.
Sugirió que en esa mesa no sólo se aborde el problema del FONE, sino de las plazas magisteriales que se pagan con recursos estatales y que representan una cantidad importante de recursos que se erogan mensualmente.
Ante la rispidez del debate, la Mesa Directiva decretó un receso de cinco minutos y al final se determinó no desahogar la propuesta como de urgente resolución y turnarlo a las comisiones unidas de Presupuesto y de Educación, ambas presididas por diputados de Morena.