* Bernardo Ortega, legislador del PRD, reveló que días antes de que concluyera su gestión, el exalcalde recibió esa cantidad para cubrir salarios de trabajadores, pero en lugar de eso los transfirió a una cuenta personal
Rosario García
El diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, aseguró que hay elementos para que el exalcalde del municipio de Tixtla, Hossein Nabor Guillén sea sancionado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por irregularidades financieras y administrativas durante su gestión.
Lo anterior, principalmente porque a tres días de que concluyera su periodo, como edil de extracción perredista, por el periodo 2015-2018, recibió 17 millones de pesos del gobierno del estado para saldar adeudos y pagos de salarios de los empleados municipales, pero los transfirió a su cuenta personal.
Ortega Jiménez afirmó que en el proceso de entrega-recepción, hubo alcaldes que no cumplieron con ese deber. “O fue un proceso muy irregular, porque no entregaron físicamente bienes muebles, ni se asentó en las actas, se llevaron dinero a fondos particulares como es el caso del municipio de Tixtla, que se llevó 17 millones de pesos que le fueron transferido del gobierno del estado”.
Otra irregularidad que cometió Hossein Nabor es que se llevó los padrones de catastro, los padrones de licencias de locatarios, así como los expedientes técnicos, “el ayuntamiento no tiene ninguna información; yo no descartó que otros estén en las mismas condiciones”, dijo.
Con base a la información que le ha hecho llegar a la alcaldesa de Tixtla, Ericka Alcaraz Sosa, como diputado del distrito que forma parte de ese municipio, afirmó que se reportan serias irregularidades, que sin duda tendrán una consecuencia legal en algún momento.
En el caso del municipio de Chilpancingo, donde el anterior presidente municipal, Marco Antonio Leyva Mena ha sido cuestionado por sustracción de documentos oficiales y quien no llevó a cabo la entrega-recepción, “seguramente las autoridades municipales actuales, están integrando todos los expedientes, para que también se pueda proceder”.
“No podemos dejar pasar por alto las faltas. La ley dice que los alcaldes tienen de plazo de 30 días para hacer las observaciones, muchos presidentes municipales hicieron las observaciones”, y serán las autoridades de fiscalización de recursos quienes determinen lo correspondiente, dijo el legislador local.