RAÚL SALGADO LEYVA
En las últimas cinco semanas hemos sido testigos de innumerables decisiones y acciones que pudiéramos definir como controversiales y que han venido acumulando en el sentimiento de la sociedad cierta incertidumbre y preocupación.
Sin poder juzgar aún la eficacia o trascendencia de las diversas medidas tomadas por el Ejecutivo federal, los costos sociales políticos o económicos no se advierten y surgen incógnitas que generan poco aliento y cierta desmotivación ante la ausencia de resultados.
Ante la posible buena fe y optimismo del Ejecutivo federal, surgen las resistencias cultivadas en algunos, por la pérdida de privilegios o bien de aquellos alérgicos al cambio que observan con obcecado pesimismo las posibles bondades de una nueva visión política.
Lo que sí es evidente, es que ante la ausencia de una información objetiva, contundente y sustentada en metas y objetivos, los ciudadanos vivimos en la duda, en la angustia y en la zozobra.
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, el Tren Maya, la rehabilitación y construcción de refinerías, la abrogación de la Reforma Educativa, las Delegaciones federales únicas en cada entidad, la creación de universidades, la entrega de becas y apoyos a jóvenes y a las personas de la tercera edad y muchos otros anuncios espectaculares, han caído, lamentablemente, en la profundidad de la confusión, pues no existen definiciones sólidas ni consistentes que den certeza y confianza, y en consecuencia prevalece una situación desconcertante que nos ha ido llevando hacia una grave polarización social.
De la complejidad del problema ha surgido un alentador anuncio: el de acabar con el saqueo y la explotación criminal de la riqueza petrolera del país. Esto causó positivas sorpresas, sin embargo todo ha quedado en el vacío. ¿Cuál es la magnitud del daño? ¿Quiénes son los responsables? ¿A quién se ha consignado?
En tanto no haya voluntad para hablarle al pueblo con la verdad y en tanto se oculten acciones que caen en la opacidad, el pueblo no recobrará confianza y mucho menos certeza.
En el plano local, hace poco más de tres años el voto popular de los guerrerenses definió con singular contundencia que los destinos del estado estuvieran dirigidos por quien consideró con las mejores prendas morales y políticas, afrontando con entereza y solidario compromiso con quienes constituían el Poder Legislativo de ese entonces, las delicadas adversidades de ese momento; sin embargo, las elecciones del 1° de julio pasado configuraron un nuevo mapa político, ante la presencia de un Congreso conformado por una mayoría diferente.
Las adversidades se afrontan con mayor y mejor contundencia, cuando la afinidad, la disciplina y la decencia política se armonizan y se constituyen sólidos frentes, sin importar colores o sentimientos partidarios, manteniendo por encima de todo el bien común y edificando confianza y certidumbre.
Hay conciencia de las repercusiones lógicas que arroja la democracia. Guerrero vive hoy una nueva configuración de fuerzas políticas, que independientemente de su origen y circunstancias, están comprometidas en servirle al pueblo con honestidad y transparencia.
Existe un Poder Ejecutivo ampliamente legitimado en las urnas electorales, que ha dado prueba de seriedad, firmeza y amplia apertura.
Hoy por igual, se requiere de un Poder Legislativo que además de su singular pluralidad, se esfuerce por que las discusiones se asuman con responsabilidad, por la prevalencia de ideas y debates que se susciten en un ambiente de civilidad política, en donde la calidad de los cabildeos prevalezca y que la concertación de acuerdos y consensos evidencien la existencia de mujeres y hombres dedicados a la delicada encomienda Legislativa y a la observancia de la legalidad y oportuna rendición de cuentas.
Los guerrerenses reclaman hoy de los poderes públicos respeto, cordialidad política y prevalencia de las mejores virtudes, para evitar que la polarización social nos agobie y pudiera llevarnos a la pulverización.