* El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón calificó como “bastante deplorable e indignante” la situación de abandono que enfrentan los desplazados de la comunidad de Tlaltempanapa, Zitlala
ALONDRA GARCÍA
Al menos 70 víctimas de desplazamiento forzado que se refugian en Copalillo padecen una situación de “hambruna”, denunció Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
El domingo 04 de noviembre, integrantes de un grupo del crimen organizado irrumpieron en Tlaltempanapa, Zitlala, donde plagiaron, torturaron y asesinaron a tres hombres. Después advirtieron a los pobladores que si no se iban del pueblo los matarían a todos.
Las familias emprendieron la huida a pie y llegaron hasta la cabecera municipal de Copalillo tras dos días de caminata. Desde entonces han permanecido en la cancha techada de ese municipio.
Manuel Olivares Hernández calificó como “bastante deplorable e indignante” la situación de abandono que enfrentan los desplazados.
“El gobierno del estado los tiene abandonados y el alcalde de Zitlala tampoco tiene ningún interés de atender esa situación. Ellos enfrentan una situación de hambruna, ya no tienen víveres, no tienen absolutamente nada, hace ocho días estaban comiendo tortillas duras con hongos”, reprochó el activista.
Comentó que en el último mes ha “tocado las puertas en el gobierno del estado”, pero no ha encontrado respuesta para las necesidades de los desplazados.
“Nos han dicho que es su última semana de trabajo y que podrán atender nuestras peticiones hasta que regresen de vacaciones el próximo año. Es increíble que una situación de tanta urgencia, de extrema necesidad, esté sujeta a los tiempos laborales”, se quejó Olivares Hernández.
Por el momento, dijo que no hay condiciones para que las familias regresen a Tlaltempanapa porque no hay ninguna corporación policiaca ni militar garantizando la seguridad en la zona.
“Tiene varios años que esa comunidad ha sido el bastión de un grupo delincuencial, el gobierno hace mutis con el argumento de que son policías comunitarias, pero no lo son. Ellos son miembros de un grupo de la delincuencia organizada y (las autoridades) saben quiénes son. Con la omisión en la que incurre el gobierno está avalando esa esa situación”, recriminó.