* El foro organizado por diputados de ese partido sobre el tema, fue aprovechado por varios participantes para reprochar que la actual legislatura dejó de pagar publicidad a medios locales, y no ha informado a dónde están esos ahorros

* Mariana García, impulsora de la propuesta, dijo que su propuesta no tiene la intención de coartar la libertad de expresión o de prensa, como se ha interpretado

Gilberto Guzmán

El Foro “Publicidad Oficial y Medios de Comunicación. Por una Ley de Comunicación Social”, organizado por la fracción parlamentaria del Morena en el Congreso del Estado, para escuchar las propuestas e inquietudes de los trabajadores y propietarios de los medios de comunicación, fue aprovechado por varios de los participantes para reclamar que desde hace tres meses el Congreso del Estado no paga convenios publicitarios y no informa a dónde van a parar los ahorros generados.
La diputada Mariana García Guillén, una de las organizadoras, rechazó que la iniciativa que pretende presentar, y que se había anunciado para la sesión del 22 de noviembre, pretenda ser una ley mordaza para coartar la libertad de expresión o de prensa, como reaccionaron diversos grupos de periodistas al filtrarse el borrador de la iniciativa.
Afirmó que las propuestas presentadas en el foro realizado este viernes se tomarán en cuenta para integrar una legislación completa, con la que Morena pretende regular el gasto del presupuesto que se etiqueta para Comunicación Social, pero siempre respetando la libertad de prensa.
Al final del foro, en el que participaron con sus ponencias más de 20 comunicadores y representantes de organizaciones periodísticas de diversas regiones de la entidad, la diputada afirmó que el propósito es transparentar el manejo de los recursos que destinan los poderes públicos para pagar la publicidad oficial.
Destacó que es necesario aprobar ese ordenamiento porque se está violentando la Ley, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que se debe homologar con la legislación federal de acuerdo a las circunstancias de la entidad.
García Guillén aclaró que la suya es sólo una propuesta que no se ha presentado ante el Pleno porque primero se quería conocer las opiniones de los medios de comunicación, de modo que se pueda integrar una iniciativa consensada con periodistas, para salvaguardar en todo momento sus derechos.
Además, la diputada hizo un reconocimiento a los trabajadores de los medios de comunicación que acudieron al llamado de los diputados de Morena para enriquecer la propuesta con sus planteamientos.

Ley no debe ser instrumento de control

El foro contó con la participación de Ernesto Villanueva, columnista de la revista Proceso y especialista en publicidad oficial, quien manifestó que en una Ley de Comunicación Social debe prevalecer la equidad y la transparencia.
Destacó que los medios de comunicación de los estados contribuyen cada uno con una postura distinta y objetiva para que la sociedad tenga la facilidad de formarse una opinión de un hecho público.
Sobre las prestaciones de los periodistas, dijo que podría abrirse una posibilidad, como se hace en Costa Rica, donde un porcentaje de los recursos de la publicidad asignada a los medios de comunicación se convierte en un impuesto destinado al Colegio de Periodistas, que le permite tener una serie de ventajas económicas para los comunicadores, tanto activos como retirados.
También destacó que una Ley de Comunicación Social no debe ser un instrumento de control de la prensa, sino como un instrumento para comunicar, porque “si la prensa no es libre, deja de tener sentido la razón de ser de la libertad de expresión y se lastima el derecho a saber de la comunidad”.

Reclamos y propuestas

En su ponencia, el presidente del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., Miguel Ángel Mata Mata, dijo que llama la atención que un Congreso del Estado pretenda legislar sobre temas que corresponden al nivel federal, y que la propuesta sea una mala copia, con agregados “tropicalizados”, de la llamada Ley Chayote, presentada en el plano nacional.
Criticó que la propuesta que se anunció presentaría la diputada García Guillén “excluye el concepto libertad de prensa e incluye el ambiguo ‘libertad de expresión’”.
Dijo que “notamos que se busca la intromisión en las empresas de medios en cuanto a sus relaciones laborales” con los trabajadores.
Afirmó que el largo documento denota falta de conocimiento en un tema fundamental para la construcción de la cultura democrática, como es la Libertad de Prensa, tema que se ha excluido.
“Nos preocupa que el documento proponga que las dependencias gubernamentales no contraten publicidad con medios de comunicación que generen polémica, expresión que atenta contra la libertad de prensa”, afirmó Mata Mata.
Agregó que a la propuesta le falta “una conceptualización del poder público de garantizar la libertad de prensa y el justo acceso a los recursos públicos. No equitativos, justos”.
Reclamó que “sin consulta previa a los medios, agrupaciones de periodistas ni a la sociedad, la diputada que ha hecho propia la iniciativa, se arroga postulados supuestamente de la Organización de las Naciones Unidas y en un extremo de autoritarismo elimina de la posibilidad de recibir publicidad oficial a medios que publiquen lo que en la entidad es un asunto cotidiano: fotos, videos, audios o información relacionada con la terrible violencia”.
Pidió que el Congreso y los ayuntamientos en los que gobierna el Morena den a conocer el monto de los presupuestos destinados a Comunicación Social para el año 2018 y digan a dónde ha ido a parar ese recurso, pues han suspendido los pagos desde hace tres meses en el Congreso, y hace dos meses en los ayuntamientos, “pero con impresionante opacidad, no informan del destino de esos recursos”.
Juan Antelmo García Castro, director del semanario Ocho Columnas, dijo que está de acuerdo en la creación de un padrón nacional de medios de comunicación y en establecer la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la honradez y la justicia como criterios para gastar el dinero público.
“Pero digo no al control de ese padrón por parte de la Secretaría de Gobernación y tampoco de los Ayuntamientos, de los gobiernos estatales y de los Congresos locales, para decidir a qué medio sí se les autorizará dinero público a través de la contratación de espacios publicitarios, siempre y cuando haya menos crítica al gobierno, coartando de tajo la libre expresión de las ideas y de prensa”, subrayó.
El director de la Agencia de Noticias Guerrero, José Nava Mosso, reclamó que “el Congreso del Estado no ha pagado tres meses a los medios de comunicación; ellos sí están cobrando sus salarios, ellos sí dicen que se disminuyeron el 30 por ciento, pero no han dicho cuánto representaba esa disminución del 30 por ciento”.
Señaló que la iniciativa que se pretende presentar “atenta contra la libertad de expresión, fue creada para los grandes monopolios periodísticos en el país”, pero en Guerrero la dinámica de los medios de comunicación es distinta.
José Luis González Cuevas, director del semanario No Qué No, reveló que el Congreso de Guerrero “lleva hasta hoy ahorrado cerca de 30 millones de pesos de que ya no les asignan prerrogativas a los diputados, 30 millones de pesos que tiene que ver con las restricciones en la administración del Congreso (…), y por supuesto los no pagos, como ya se dijo, de prensa”.
Agregó que los periodistas están dispuestos a aportar sus propuestas para crear una ley de avanzada, pero no permitirán que se les quiera imponer una ley lesiva, que atente contra la libertad de prensa y la libertad de expresión.
El periodista Daniel Genchi Palma propuso a los diputados que primero legislen para que en Guerrero se les pague un salario mínimo a los trabajadores de los medios de comunicación.

Que no sea ley del desempleo

Otras propuestas que se presentaron tienen que ver con la integración de una Ley de Comunicación Social acorde a las condiciones que se viven en Guerrero, además de establecer convenios de publicidad transparentes; que se privilegie la libertad de expresión y que no se atente contra las pequeñas y medianas empresas periodísticas, ya que también emplean a personal y pagan impuestos como lo hacen las grandes empresas.
Los comunicadores coincidieron en que la Ley debe garantizar la transparencia y objetividad en la información y que no haya control ni manipulación de los medios de comunicación por parte del gobierno estatal, y pidieron que no sea una ley propiciadora del desempleo.
También plantearon que se forme un comité integrado por comunicadores y legisladores para hacer un ordenamiento completo.
Además de los mencionados, presentaron ponencias los periodistas Nahum Bravo Catalán, Juan Cervantes Gómez, Luis Flores Lonazkuo, Alberto Adame Analco, Jacinto Sánchez Ramos, David Martínez Téllez, Jorge Valdez Reycen, Rodrigo Rendón, José Julio Vázquez, Julio Ayala Carlos, Carmelo González Guerrero, Wendy Alanís, Salomón García Gálvez, Ulises Olivares y Dunia Bazán.
El diputado Antonio Helguera Jiménez, al clausurar el foro coincidió con la diputada Mariana García en que este ordenamiento servirá para transparentar y hacer públicos los recursos que se destinan para las áreas de Comunicación Social de los poderes públicos.
Asistieron los diputados Adalid Pérez Galeana, Ossiel Pacheco Salas (quien ya fue director de Comunicación del Congreso), Norma Otilia Hernández Martínez, Jesús Villanueva Vega, Saida Reyes Iruegas y Arturo Martínez Núñez, todos del grupo parlamentario de Morena.